La transparencia y la claridad deben brillar en toda acción del Estado. Cuando las dudas imperan y las sombras se posan, de inmediato hay que actuar, para tratar, al menos, de garantizar que el bien común tenga un tratamiento preferente y blindarlo contra los ataques que buscan favorecer a un círculo en particular.

Lo anterior para hacer referencia a la agitación en torno al concurso docente para el Catatumbo, con el propósito de asignar 852 plazas de maestros para esa región de Norte de Santander.

De ser ciertas las denuncias dadas a conocer, sería muy grave que este proceso para garantizarles a los niños y jóvenes de municipios como El Tarra, Hacarí, Convención, Sardinata y Tibú, entre otros, que tendrán profesores de planta, en sus escuelas y colegios, resulte arrollado por prácticas corruptas.

En el ambiente quedaron muchas dudas, todavía no despejadas, luego de que  aparecieran denuncias sobre la presunta filtración anticipada de unas cartillas con las pruebas que se les aplicaron a los concursantes el pasado 4 de agosto.

Razón tienen los maestros catatumberos que esta semana estuvieron en Cúcuta para reclamar que ellos tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió.

Y no solo ellos necesitan que se haga claridad, sino la región en general, porque hasta en el Congreso de la República se le alertó al ministerio de Educación que ahí podría estarse ante una estrategia para llenar esas plazas con personas que ni siquiera conocen esas localidades, que dentro de pocos meses podrían estar alegando amenazas, enfermedades o dificultades para laborar, y así reclamar el traslado urgente a Cúcuta o a otra zona que no sea considerada de conflicto.

Por eso se les tiene que exigir al gobierno departamental, a la Universidad Nacional y a la Comisión Nacional del Servicio Civil que no le den más vueltas al asunto, que le metan el acelerador y aclaren de una vez por todas lo ocurrido.

Si no ocurrió nada, pues que lo demuestren técnicamente para despejar dudas y proceder a continuar con los trámites y así llevarles una buena nueva a la población en edad escolar de que tendrán  asegurada la nómina de profesores para que les garantice el derecho constitucional a la educación.

Pero si pasó algo y queda comprobado que el fraude existió, lo lógico es suspenderlo y activar una nueva convocatoria en donde haya las plenas garantías para dicha región de Norte de Santander que no puede continuar recibiendo un tratamiento displicente y lleno de manipulaciones para terminar premiando a quienes no se lo merecen por méritos, sino por palancas politiqueras. 

Sería interesante que la Procuraduría y la Fiscalía con sus especialistas le dieran una revisada al caso y tengan listas las herramientas sancionatorias en el evento de que ‘la copialina’ como se le dice en el colegio y en la universidad a la ayuda externa para pasar un previo, resultare real.

Ya vamos a cumplir un mes desde que se llevó a cabo el cuestionado examen, que por el momento está en la ‘sala de análisis severo’ y sea cual fuere el resultado, resulta doloroso, por decir lo menos, que siempre surjan acontecimientos que empañen, aunque sea momentáneamente, las actuaciones de la administración pública. ¿Cuándo podremos destacar que la diafanidad y el apego a la legalidad brillaron de principio a fin?