En la división del país en zonas específicas con características similares en cuanto a las diversas manifestaciones del conflicto armado, comenzaron a aparecer divergencias, interrogantes y consideraciones sobre este mapa de la paz que contempla ocho regiones específicas para llevar adelante los diálogos regionales.
De todas formas, es un avance que se les permita a los territorios pasar a tener cierto papel protagónico en el escenario del diálogo que busque la consolidación de los acuerdos de paz con los grupos alzados en armas que se encuentran en dichos lugares.
La lógica de las características diferentes entre departamentos y regiones es un punto en el que es debido profundizar para que ojalá puedan sellarse ciertas grietas y fortalecer las debilidades de otras conversaciones pasadas, con el fin de impedir que al desarmarse y desmovilizarse ciertas estructuras, sus espacios sean realmente copados por el Estado y no por otros grupos que en últimas son disidentes que prefieren permanecer en las acciones ilegales.
Este plus de diálogos regionales de paz suena atrayente y para las comunidades podría llegar a ser una ocasión cierta de ponerse en el centro de la discusiones para que desde la mismas áreas donde los factores endógenos y exógenos han desencadenado décadas de violencia con altos índices de homicidios, desapariciones, desplazamiento y reclutamiento forzado en contra de la población civil.
Dentro de esta opción que contempla el proceso de ‘Paz Total’, en el caso específico de Norte de Santander -que ha pasado por todas las formas de la violencia a lo largo de décadas- le correspondió hacer parte de zona cuatro, junto con La Guajira, Cesar, Santander y Boyacá.
Las ocho regiones, según el Alto Comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda, tienen los siguientes criterios: primero, qué organizaciones de base están construyendo iniciativas de paz; segundo, si las zonas son de control hegemónico o de tendencia de control de un grupo armado; tercero, si son zonas en disputa; cuarto, condiciones de miseria y exclusión; quinto, economías lícitas.
Desde el departamento se han manifestado algunas dudas, como aquella sobre el por qué Norte de Santander no figura en la región con Arauca, puesto que tienen características que los hacen más cercanos, por estar al lado de Venezuela y estar cruzados por los mismos grupos guerrilleros y bandas criminales y porque al ser la frontera la retaguardia y punto donde se esconden o desde lanzan ofensivas los grupos ilegales, les dan esa característica.
Claro que el vecino Santander no escapa de las acciones del Eln, lo mismo que Boyacá, pero sí debería la oficina de Rueda darle ese especial a Norte de Santander y Arauca, por las consideraciones especiales que representan.
Otra crítica que ha surgido es que podríamos no estar ante un real escenario para la regionalización de la paz y que su manejo seguiría siendo concentrado en el interior del país, por algunos aspectos que bien merecen una explicación del presidente Gustavo Petro o de Rueda:
que aunque se ha anunciado la pronta designación de ocho comisionados regionales, su función tendría escasa incidencia y trascendencia, porque la batuta del diálogo seguirá en manos del comisionado y ellos solo tendrían un papel de socializar los acuerdos.
Esta estrategia, sobre la que todavía no hay mucha claridad, debería darles una función sin limitaciones a los comisionados regionales dentro de la figura de la descentralización de la paz con claros mecanismos de acción, que a la hora de llevar todo a los acuerdos, refleje la realidad local y entregue insumos para que los errores del pasado no regresen.
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