En Colombia, la Constitución de 1991 contempla en su artículo 67 que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.

Tuvo que ocurrir un factor externo, inesperado y peligroso como el del coronavirus, para se pusiera en el centro del debate y se llegara a la toma de decisiones sobre la gratuidad de la educación superior en las universidades públicas, al menos por este segundo semestre. Y a fe que se ha dado un gran paso.

Así acaba de ocurrir en Norte de Santander en donde 47.000 estudiantes de las universidades de Pamplona, Francisco de Paula Santander (Ocaña y Cúcuta) y el ISER no tendrán que pagar matrícula en el segundo semestre.   

Esta es la que podemos llamar real y efectiva inversión social porque cierra una brecha en el campo del conocimiento y garantiza a todos la posibilidad de acceder a la preparación profesional.

Es un triunfo momentáneo pero que ahora hay que pasar a convertirlo en una realidad constitucional de plena vigencia, para todos los tiempos, puesto que genera un impacto real y cuantificable en materia de reducir la desigualdad social y se le cierran miles de puertas a la delincuencia común y organizada que buscan en los jóvenes sin oportunidades, a aquellos que entren a convertirse en miembros de esas organizaciones.

En el caso nortesantandereano, este trascendental paso que -reiteramos ojalá no sea pasajero por la coyuntura- lleva a invertir en conocimiento la suma de $39.000 millones, que ni son un gasto ni un esfuerzo, sino una plata con muy buena destinación porque es para la formación del capital humano dentro de la consolidación de la sociedad del conocimiento.

La lucha estudiantil y la decisión de las dos universidades públicas locales, del ISER, de la Gobernación de Norte de Santander, de la Alcaldía de Cúcuta y del Ministerio de Educación Nacional llevó a fructificar esta medida que evitará la deserción de las aulas y que muchos hubieran decidido congelar semestre, porque sus padres no les podían pagar la continuación de los estudios superiores.

Del monto dirigido a ‘Matrícula Cero’ el gobierno departamental entregó $11.500 millones a esa especie de bolsa, mientras que en el ámbito colombiano, el Gobierno Nacional asignó $97.500 millones con ese propósito en diferentes centros de estudios superiores del sector público.

La misma ministra de Educación, María Victoria Angulo etiquetó la trascendencia social de este procedimiento “para que los jóvenes de más bajos recursos cuenten con el apoyo para continuar con el segundo semestre académico del 2020 y permanezcan en el sistema educativo”. 

Como dicen por ahí, ‘no hay mal que por bien no venga’, y en este aspecto que es tan importante para la familia, la sociedad y el país, el propósito es que ese programa quede institucionalizado porque esta será una de las formas más efectivas de ayudar a prevenir la inseguridad, la violencia y hasta males como la drogadicción.

Son muy distintos unos jóvenes educándose y labrando un futuro próspero de su patria dentro de lo previsto por los planes y proyectos nacionales y locales, que unos muchachos sin oportunidades y en riesgo de ser enrolados a grupos irregulares. ‘Matrícula Cero’ es la materialización del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991 y, por ende, debe de ser perenne.