A ellos, hasta la Policía los agrede por razón de su orientación sexual y su identidad de género. Y la verdad es que desde siempre han sido objeto de atropellos y vilipendios de toda clase, y no solo en este país...

Integran la comunidad lgbti, esa difusa franja social gris de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales que, para muchos de sus detractores en Colombia, configuran una minoría privilegiada, por razón de que, en estos tiempos, el Estado y la sociedad en general han comenzado a preocuparse por ellos.

Pues, en torno de su realidad, la organización Colombia Diversa reveló estos días un dramático informe según el cual, solo el año pasado hubo 110 homicidios  sin especificar origen y 61 casos de agresión policial contra miembros de esta comunidad.

La cifra de homicidios es superior en 29 casos a la ocurrida un año antes.

Pero, el detalle más importante de las estadísticas es el que indica que entre la comunidad lgbti también las mujeres transexuales son víctimas predominantes en los casos de homicidio. El año pasado, solo en el marco del conflicto armado, 32 mujeres fueron asesinadas.

Esto indica una discriminación mucho más refinada, ejercida especialmente por organizaciones ilegales armadas, que acuden a lo que llaman limpieza social, matanzas selectivas en las que a los indigentes y a las personas con una particular orientación sexual, las hacen víctimas predilectas.

Y a estos delincuentes parecen asimilarse algunos uniformados que, según señaló Colombia Diversa, practican diversas formas de violencia que van desde amenazas hasta atentados contra la integridad, pasando por detenciones arbitrarias, agresiones verbales, burlas y actos de intimidación con armas.

Todas estas, según la organización denunciante, son formas menos visibles de violencia, y menos denunciadas, pues de ordinario las victimas carecen de cualquier tipo de prueba eficaz contra sus abusadores.

Quizás por esto, los índices de impunidad judicial llegan hasta 95 por ciento en lo que tiene que ver con este segmento social al que atacan desde varios flancos, por puros prejuicios, alimentados por sectores conservadores y tradicionalistas.

Con la investigación, el criterio de que esta es una minoría privilegiada debe ser revaluado de inmediato: los abusos contra sus miembros, los delitos, son señal de que la realidad es otra, en parte por razón de actitudes y acciones de funcionarios del Estado, que son los llamados a proteger la integridad de las personas a las que agreden.

Quizás el general Carlos Ramiro Mena, inspector de la Policía, tenga razón en cuanto a que todas las quejas de estas personas contra policías son investigadas por el organismo, pero quedan dudas de hasta donde se llega en las averiguaciones.

Porque una de las mayores fuentes de violencia denunciadas es esta entidad, donde al parecer hay funcionarios que no aceptan que una persona pueda tener una orientación sexual o una identidad de género que no encaje en los criterios tradicionales de muchos uniformados.