Uno de los grupos disidentes de las Farc que está en el proceso de Paz total, que comanda alias Iván Mordisco y conocido como el Estado Mayor Central (EMC), ha fortalecido de tal manera el poder militar, político y social, que su influencia en las regiones donde hace presencia es un hecho innegable.
Ahora que el cese del fuego fue roto en el Cauca y que el Gobierno Nacional le ordenó a la Fuerza Pública reactivar las operaciones ofensivas contra ese grupo armado ilegal en tres departamentos del occidente del país, son numerosas las acciones terroristas, de hostigamiento y sometimiento a la población civil, que han salido a flote.
En el Catatumbo, cuyo territorio sirvió en Tibú para la instalación de la mesa de diálogo con el EMC, surgió un hecho cuya magnitud no ha sido realmente dimensionado y es el control social que esa disidencia ejerce en aquella zona de Norte de Santander.
Es de tal magnitud la gravedad de lo que está aconteciendo en ese aspecto, que un informe de la Fundación Conflict Responses (CORE) advierte que la influencia de dicha organización armada ilegal ha alcanzado “un nivel jamás visto en años en Colombia”.
Ya que la situación de incumplimiento ha alcanzado extremos peligrosos, es la hora que la comisión gubernamental en la mesa de negociaciones, encabezada por Camilo González Posso, tenga en cuenta consideraciones como las expuestas por CORE, puesto que maniobras de esa naturaleza no pueden permitirse, pues se está incurriendo en acciones de control territorial que le competen es al Estado.
La mesa debería entrar en una situación de evaluación hasta que se ponga fin a hechos como estos que el Frente 33, que opera en Norte de Santander hace obras de infraestructura y, según denuncias de habitantes en la zona, tiene tres “centros de rehabilitación” a los que lleva consumidores de droga y otras personas acusadas de cometer pequeños delitos. Los ponen a hacer trabajo físico, entre otras tareas y pueden recibir castigos de tres, seis meses o hasta un año.
A eso hay que ponerle atención y en la mesa de negociaciones junto con los observadores internacionales notificarles a la disidencia de Iván Mordisco que esa clase de acciones ‘dinamitan’ el proceso, puesto que se constituye en violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Es que estar sentados en búsqueda de la paz no puede ser sinónimo de que el Ejército y la Policía pierdan posibilidades de actuar defensiva y ofensivamente y mucho menos que el Estado pierda territorios a manos del grupo armado ilegal que llega a imponer su ‘ley’, con graves efectos.
Porque, además, esos fortalecimientos equivalen a tener un poderío para la hora de negociar en desarrollo del proceso actual, lo cual tampoco puede ser ni permitido ni avalado por ninguna institución nacional u organismo de carácter internacional.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha indicado que los ceses bilaterales en realidad se han convertido en una ventaja para los grupos armados al margen de la ley, ya que expanden su control y su dominio territorial, con lo que ponen en riesgo a la población.
Esta particularidad riesgosa que vivimos aquí en Norte de Santander, se confirma, además, con lo expuesto por un informe de inteligencia en el que se exponen más de 300 violaciones al cese del fuego por el Estado Mayor Central de la disidencia de las Farc, en Colombia.
Por lo tanto, todos esos hechos deben llevar a una notificación expresa a esta disidencia de las Farc de que o cambia o el proceso de paz se acaba y el Estado proceda a enfrentarla por intermedio de las Fuerzas Militares.
