Cúcuta, que ha tenido el título de contar  con la mejor afición de fútbol del país, está en la actualidad siendo goleada por una serie de jugarretas desde la División Mayor del Fútbol Colombiano, encaminadas a que prácticamente quede huérfana de fútbol profesional, por un buen tiempo.

Llama la atención que esa organización se comporte de manera arbitraria con la ciudad, máxime en momentos que desde la calle hay gritos de cambio, no solo en lo social y en lo económico, sino en la manera de actuar de la dirigencia frente a la ciudadanía, que no deben seguir comportándose como reyezuelos inalcanzables.

La gota que rebosó la copa en esta trama novelesca alrededor de lo que sucederá con el Cúcuta Deportivo que está desafiliado de la Dimayor y sin reconocimiento deportivo, surgió al conocerse una jugarreta del máximo jerarca, Fernando Jaramillo Giraldo.

Consistió en contratar como  apoderado en la querella con el Cúcuta dentro del proceso de insolvencia 38720, a un personaje inhabilitado porque el papel que cumplió profesionalmente en el pasado, le permitió tener acceso a información de primera mano sobre la institución rojinegra.

En términos de jugadores de casinos, podríamos indicar que la ficha que el  presidente de la Dimayor puso ahí, tiene las cartas marcadas, en una estratagema para intentar golpear los intereses cucuteños.

Hablamos del abogado Nicolás Polanía Tello, que se venía desempeñando nada menos que como superintendente delegado para procedimientos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades.

Como se nota a todas luces hay una oscura operación en marcha por la Dimayor o bien para dilatar y hacer más lento el proceso o con el fin de ganarle fácilmente la partida a los cucuteños, al contar con alguien que conoce a leguas, por la posición privilegiada que tuvo, aspectos muy puntuales del club motilón.

Pero lo peor es que Polanía Tello, durante su labor en la superintendencia, expidió providencias relacionadas con el  caso 38720, de lo cual hay pruebas como por ejemplo un  auto suscrito por él en 2016.

Con el respeto debido a organismos tan serios como la Superintendencia de Sociedades, por qué se hacen los de la vista gorda, no se percatan (tal vez por mucho trabajo) y por qué permiten que en esos procesos sus exfuncionarios aparezcan como apoderados de una de las partes, poniendo en evidencia que la otra ya prácticamente llevará las de perder.

Sin embargo, lo que lleva a causar hasta indignación, es que en Colombia -un país de leyes pero que poco se cumplen- el famoso Código Único Disciplinario prohíbe situaciones como la  que estamos comentando, al fijar prohibiciones en el tiempo, que por lo visto, parecen que no salen de los libros o que hay leguleyadas para no acatarlas.

Con este caso como prueba, se llega a comprender la razón por la cual la Dimayor ha utilizado artimañas  para intentar perjudicar al Cúcuta, al decir primero que la ‘ficha’ no valía nada  y de abstenerse de proceder al embargo de la misma.

A pesar de ser fundadores y de tener historia, la entidad futbolera primero quiso decir que el Cúcuta era solo un cascarón y ahora afirma que tal vez sí tiene algún valor, pero no decide.

Y como todo apunta a que si la justicia brilla el abogado de la Dimayor deba ser retirado, lógicamente que se tomarán hasta el último día y el último segundo para buscar a otro y así continuar con ese jueguito dilatorio, como si la región, el equipo y la afición no merecieran respeto.