Un riguroso plan contra las trochas fronterizas que cubra desde lo operativo hasta lo moral y, siempre de carácter binacional, será el camino que pueda conducir al éxito en el control de esos caminos verdes por donde se cuela desde el contrabando hasta la trata de personas.

Si eso no es así, todos los esfuerzos resultarán en vano y los anuncios oficiales corren el riesgo de quedarse solamente en eso. “No nos puede quedar grande acabar con las trochas”, dijo en su momento el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

Pues ojalá ya exista toda la coordinación interinstitucional colombo-venezolana, porque en octubre de 2022, un mes después de reabierta la frontera, el presidente Gustavo Petro desde Cúcuta ordenó que “esas trochas se cierran porque se cierran, aquí vamos es por otro camino, no que a unos vivos de aquí y de allá se les llenen los bolsillos y se enriquezcan”.

Pero el tiempo ha pasado y no ha ocurrido nada de eso. Luego corresponde a quienes en esta oportunidad están empeñados en sacar adelante las medidas para destruir, acabar, controlar o vigilar los ‘caminos verdes’ deben actuar, con el fin de que esta clase de estrategias recuperen la credibilidad ciudadana.

Para la necesaria recuperación de la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Cúcuta, la destrucción de esas rutas irregulares que conectan al estado Táchira con Norte de Santander, es de altísima urgencia.

Aquellos lugares tienen una alta incidencia en la violencia que padecen la capital de Norte de Santander y Villa del Rosario, por los homicidios en esos lugares, la mayoría de las veces en la línea fronteriza, como una forma de intentar entorpecer las investigaciones a la vez que han sido tomadas como lugar para cometer crímenes relacionados con actividades delincuenciales.

También han servido como lugar de paso para el robo de carros y motocicletas en la ciudad y los municipios vecinos, los que en su mayoría son llevados hacia territorio venezolano, como por ejemplo cuando ocurrían los hurtos de camionetas de alta gama.

Otra de sus características preocupantes es que van a desembocar en plena zona urbana, como ocurre con las trochas 51 o La Carbonera, en el sector de Boconó, sobre el Anillo Vial Oriental, a pocos pasos de colegios y urbanizaciones, calculándose un total de 120.

Esa localización en zonas de alto crecimiento poblacional las hace muy peligrosas al ser usadas llámese por la guerrilla del Eln o las bandas criminales para cometer toda suerte de delitos como desapariciones, tráfico de estupefacientes, trata de personas, secuestros y extorsiones.

Esperemos que pronto se ejerzan los controles, porque nadie entiende el por qué la gente sigue pagando hasta 40 dólares para que los grupos armados ilegales les permitan transitar por allí de un país a otro.

Ese gran escudo lo tienen que integrar de este lado del río Táchira la Polfa, Migración Colombia, la Policía, el Ejército y la Sijín, mientras que en el territorio venezolano se requiere el respaldo de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y demás organismos investigativos y de seguridad.

Esas venas rotas que golpean la integración, dañan la seguridad, constituyen un peligro para los derechos humanos y que facilitan el accionar de peligrosas organizaciones transnacionales del crimen tienen que ser cauterizadas dentro del ordenamiento y la implantación de la legalidad en la frontera.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion