La conectividad, que es la herramienta para que esas tabletas y computadoras de las aulas de informática de los colegios oficiales lleven a los estudiantes durante su aprendizaje por el mundo digital, a todas luces parece que se convirtió en instrumento para extrañas contrataciones que han terminado por afectar los recursos provenientes de las regalías.
Esa es la sensación que queda, luego de que la Contraloría General de la República le pusiera la lupa al internet que se adquirió para instituciones educativas en La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander, Acacías (Meta) y en Emtel Popayán, y descubriera hallazgos fiscales por $55.195 millones.
En Colombia, esos hechos detectados por el organismo fiscalizador tienen que ver con pagos por servicios no prestados ($10.949 millones); pagos por servicio de conectividad en períodos de receso académico ($9.405 millones); y doble conectividad, o sea casos en que las instituciones educativas ya tenían internet y las gobernaciones lo contrataron ($9.294 millones).
Para desdicha de la región, una de las situaciones que más llamó la atención de los encargados de adelantar la actuación especial de fiscalización se registró en tierras nortesantandereanas. El caso se relaciona con el contrato 1423 de 2018 para suministrar la cobertura de internet por cuatro años. Resulta que ahí se descubrió el pago de 260 días en los que no hubo actividad académica ninguna, que de ser ratificado por los investigadores, conducirá a un detrimento de $3.878 millones.
Y, peor aún, volvemos a ser campeones en algo, pero de nuevo en las cosas non santas, pues la Contraloría envió a indagación preliminar tres contratos de conectividad desarrollados en Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11.000 mil millones.
Debe preocuparnos que ese organismo en el documento donde da cuenta de las diligencias llevadas a cabo, consigne una advertencia de esta naturaleza: “Una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría sobre contratación del servicio de conectividad en Instituciones educativas, con recursos de regalías, permitió detectar lo que podría ser el principio de un “mega escándalo”.
Mientras se escuchan afirmaciones de cerrar filas contra los corruptos y de imponer talanqueras a las prácticas que favorezcan el festín y dilapidación de los dineros públicos, la dura realidad muestra que en nuestra región los recursos que por ley deben ser invertidos en el bienestar ciudadano parecen no haber sido muy correctamente invertidos.
Es muy grave que los indicios evidencien que la plata de las regalías y las inversiones proyectadas a la consolidación del recurso humano, como son los estudiantes de colegios públicos, hayan sido objeto de negociados.
Ojalá esa entidad vaya hasta las últimas consecuencias en este nuevo episodio que trae a colación como el mundo virtual, en donde tanto gustan estar los niños y jóvenes de esta era, también está en la mira de quienes buscan a toda costa y al precio que sea, el enriquecimiento fácil.
El dinero de las regalías es sagrado como también lo son aquellos recursos dirigidos a la educación, hecho por el cual deberían de aplicarse castigos ejemplares a quienes los toman como un botín para sus intereses personales y politiqueros.
