La situación que vive Cúcuta con sus miles de inmigrantes diarios, es una coyuntura nunca antes vista en Colombia y menos en nuestra porosa y extensa frontera. 

Hace un año, cuando la crisis migratoria apenas empezaba a dimensionarse, se tomaron medidas como la implementación de la Tarjeta de Movilización Fronteriza (TMF), la cual para entonces parecía un aceptable instrumento para tratar de identificar y caracterizar a quienes pasaban por los puentes, ante las limitaciones de las autoridades migratorias para manejar las oleadas de venezolanos que empezaron a pasar a Colombia, al igual que las autoridades de policía resultaban desbordadas para revisar a todas las personas, que con bolsos, morrales, maletas, cajas, etc., por allí circulaban.

Con la TMF se obtuvieron datos valiosos sobre la cantidad de personas que a diario iban y venían, su lugar de procedencia y su destino y fue posible estimar la cantidad que, o bien se quedaba en Cúcuta, o seguía su camino en ruta a otras ciudades de Colombia o a otros países que como, Ecuador, Perú y Chile han sido los mayores receptores de los migrantes venezolanos. 

Pero la TMF siempre tuvo un problema: después de su implementación, no fue exigida a todos los que cruzaban los puentes, por o tanto, esos 35 mil y más venezolanos que cada día cruzan por los puestos de frontera generalmente pasaban sin mostrar nada y sin ser revisados.

En su visita a Cúcuta ayer, el Presidente Juan Manuel Santos, acompañado de sus ministros del Interior, Defensa, Agricultura, Salud, Trabajo, Educación, Comercio Exterior, Transporte y la Canciller, así como Directores del ICBF, Sena y Prosperidad Social entre otros, anunció lo que todos los cucuteños estaban esperando desde hace varios meses: un paquete de medidas, orientadas a endurecer las políticas migratorias, para empezar a controlar con rigurosidad los pasos fronterizos legales e ilegales. También anunció un aumento del pie de fuerza, tanto del Ejército como de la Policía con el fin de combatir la inseguridad que se ha generado en la línea fronteriza y municipios vecinos en su lucha por el control del contrabando.

Esta orden de desplegar 3.000 miembros de la Policía y el Ejército en la zona es una parte de la solución. Esto implicará que con otro tipo de recursos, por ejemplo, funcionarios, muchos, de Migración Colombia y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y de todos los organismos que tengan que ver con el ingreso de personas y bienes extranjeros, se tratará de regular la situación actual migratoria, de contrabando y de violencia.

Estas medidas se venían pidiendo a gritos desde distintos estamentos de la ciudad. Si en Bogotá se hubieran mostrado solo un poco más asequibles a todas las sugerencias formuladas de diversas formas desde la frontera, surgidas de la experiencia diaria y desde hace tantos meses, se hubieran ahorrado tantos recursos, especialmente económicos, y tantas discrepancias…

Por fortuna, el propio presidente Juan Manuel Santos cayó en cuenta de los errores y procura corregirlos, ahora que todavía es tiempo de actuar. Para ello ayer anunció la suspensión de la expedición de la TMF, creada para uso de los venezolanos de la frontera, pero solicitada por más de 1,5 millones de personas y que permite una estancia de 7 días exclusivamente en la zona de frontera y no habilita para trabajar. En adelante, se exigirá el pasaporte para el ingreso de los venezolanos a territorio colombiano y los que tengan TMF también podrán hacerlo con las limitaciones que este documento tiene.

También se tomaron otras medidas en los campos de salud, empleo, protección a los migrantes y a los menores que con ellos ingresan, a las cuales nos referiremos en las páginas de información de esta edición.   

Con lo anunciado ayer, para los nortesantandereanos es un poco más fácil acatar la sugerencia de Santos de tener más paciencia y más tolerancia, no solo con los 600.000 venezolanos que están ya en Colombia, sino con los que siguen y seguirán entrando como respuesta a la descomposición socioeconómica que vive el país vecino.