El viernes, en Turbaco, un municipio del departamento de Bolívar cerca a Cartagena donde el alcalde actual, Guillermo Torres, un excombatiente de las Farc, ganó las elecciones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pronunció unas emotivas palabras sobre el proceso de paz con las Farc.

“La violencia no requiere ley, ni coraje. La Paz requiere amor, legalidad y valentía”, dijo el mandatario chileno al referirse a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como una semilla que dará en su momento los mejores frutos.

El escenario fue una feria de Paz con Legalidad, donde se exhibieron productos de la tierra trabajados por campesinos apoyados por la Agencia de Desarrollo Rural, hombres y mujeres vinculados al Programa de Sustitución de Cultivos, excombatientes, víctimas de la violencia y habitantes de municipios PDET, que empiezan ahora a cambiar su realidad de vida.

La implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, firmado hace 5 años, con todos sus aciertos e imperfecciones, no ha estado exenta de dificultades e incluso, ante las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque se refirió a “un acuerdo frágil”, lo cual ha causado malestar en varios sectores de la opinión pública.

El gobierno Duque implementó la llamada política de Paz con Legalidad para impulsar el Acuerdo, y resolver otros problemas que debieron solucionarse hace tiempo, y que aún no encuentran una respuesta para comunidades que a veces parecen haber perdido la esperanza.

Hoy, ad portas de un complejo proceso electoral y a un año del cambio de gobierno, es necesario reflexionar sobre la necesidad de superar las dificultades existentes, eliminar la polarización, y dar un paso adelante para colmar los sueños de millones de colombianos, agotados por las diferentes formas de violencia que nos han golpeado.

Allí, en Turbaco, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien entre otras cosas lidera el impulso a la estrategia Catatumbo Sostenible, habló sobre la necesidad de pagar la deuda histórica con las familias que no han tenido oportunidades de transformar sus condiciones. Como en un año ni en cuatro se transforma una región, es por lo que el Acuerdo de Paz debe consolidarse y se proyecta este objetivo en 15 años.

Ya sentadas las bases para que este proceso no se interrumpa, conviene pensar en que se construya sobre lo construido y no ocurra lo de cada 4 años: promesas incumplidas, proyectos inconclusos, programas fracasados y comunidades engañadas. 

La implementación del proceso de paz no puede convertirse en “caballito de batalla” para obtener votos y ganar las próximas elecciones. Debe ser un compromiso de país que la próxima administración, independientemente de su línea política, garantice su continuidad y en lo posible mejorar lo que sea necesario y pertinente para que redunde en beneficio de nuestras gentes.

Millones de víctimas, campesinos, familias y comunidades en sustitución de cultivos, excombatientes, más de 6 millones de personas que viven en los 170 municipios PDET  y sus áreas de influencia, tienen quizás – con este proceso – una nueva oportunidad de lograr cerrar la brecha social y económica entre la ciudad y la ruralidad.

Miremos también hacia el Catatumbo, siempre convulsionado pese a su riqueza natural y los valores de sus gentes. La paz debe ser mucho más que un titular o una justificación política. Así como lo dijo Piñera: “después de ver lo que están haciendo en Colombia, vuelven la fe y la esperanza al ser humano”. La paz debe ser una realidad construida por todos.