El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los que pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. 

Hace parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social.

Comprende este Sistema las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en esa mima Ley 100 y en otras normas.

La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas. Debe evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. 

Los anteriores son los principales enunciados teóricos y filosóficos que definen nuestro  Sistema de Seguridad Social. 

En 1994 – hace 25 años – comenzaron a conformarse las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Iniciaron operaciones formalmente las primeras cuatro EPS, y luego se les sumarían otras dos con la fusión de varias de las llamadas prepagadas.

Para el 2012, ya en el país estaban operando 70 EPS en los regímenes contributivo y subsidiado, establecidos por la Ley. 

La falta de una adecuada administración, como lo reconocen voceros de la Superintendencia Nacional de Salud y de las mismas EPS, ha llevado a que en la actualidad queden solo 41entidades de este tipo,

En los últimos siete años, 18 EPS fueron liquidadas y sus usuarios trasladados a otras que siguen operando. Cuatro fueron revocadas totalmente, tres en forma parcial, 15 se encuentran bajo vigilancia especial y 19 funcionan sin ningún problema.

Las cuatro liquidadas atendían a 2,7 millones de usuarios que deben ser reubicados en los próximos quince días.  

Las quejas y reclamos de la comunidad a las EPS es porque no prestan un buen y oportuno servicio a los usuarios, las citas se demoran y no se cumplen, y no se entregan en forma oportuna los medicamentos que se les formulan a los pacientes. 

Con las EPS no se han podido terminar los llamados “paseos de la muerte” y por culpa de sus fallas e incumplimientos los despachos judiciales permanecen atiborrados de tutelas, derechos de petición y acciones populares de cumplimiento. 

Que el Gobierno cierre y siga cerrando EPS por su desastroso manejo y funcionamiento puede ser razonable, pero no parece la solución más adecuada, pues son miles y millones los enfermos que se quedan sin atención. 

En muchos casos resulta peor el remedio que la enfermedad, pues la reubicación no se hace en la forma más rápida y conveniente. El Gobierno del presidente Iván Duque ha impulsado su llamada “ley de punto final”, con la que se busca poner fin al desbarajuste económico y financiero que tiene postrada a muchas EPS y a sus usuarios en la cuerda floja. Esperemos que sirva de algo.