Las recientes declaraciones del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, han desencadenado una ola de críticas y preocupaciones entre los empresarios colombianos, particularmente por la advertencia de imponer sanciones desproporcionadas en caso de no aprobarse la reforma laboral.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ha alzado su voz en rechazo a las palabras del viceministro, calificando las sanciones propuestas como “claramente desproporcionadas” y cuestionando el uso de amenazas para impulsar una agenda legislativa.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ha advertido sobre el peligro que representa la normalización de tales medidas coercitivas, señalando que socavan principios fundamentales de la democracia y del debido proceso. Además, ha expresado su preocupación por el impacto económico y laboral que podría tener la implementación de una reforma que, según él, generaría “altos costos y destruiría numerosos empleos”.

En el sector empresarial hay preocupación porque podrían llegar a perderse hasta 400.000 empleos formales porque al no tener como responder por las nuevas cargas, se verían obligados a despedir personal actualmente vinculado.

De llegar a enfrentar el país un escenario como ese, con un desempleo desatado a esos extremos a raíz de los resultados de unas nuevas condiciones laborales que exceden la capacidad de contratación, la pobreza extrema, la informalidad y la miseria cubrirán grandes sectores poblacionales.

Es igualmente alarmante que en un momento en que el Congreso y la Corte Constitucional están evaluando los posibles efectos de la reforma laboral, el gobierno recurra a tácticas de presión que amenazan con obstaculizar el proceso legislativo y judicial.

Más aún, resulta lamentable que se vuelva a estigmatizar a los empresarios como enemigos del progreso, cuando su contribución a la economía del país es innegable. Las palabras del viceministro Palma, al anunciar sanciones hasta por 5.000 salarios mínimos, reflejan una postura inflexible que no contribuye al diálogo ni al consenso.

En lugar de buscar soluciones mediante el debate constructivo y la colaboración entre todos los actores involucrados, estas declaraciones amenazantes solo profundizan la división y la desconfianza en el ámbito laboral colombiano.

Es fundamental que se restablezca un clima de respeto mutuo y entendimiento, donde se reconozcan los intereses legítimos de todas las partes y se busquen soluciones equitativas y sostenibles para los desafíos que enfrenta el mercado laboral en Colombia. Debe incluso llegar a tratarse la situación particular de algunas regiones del país, entre ellas la fronteriza con Venezuela, para considerar alternativas como la flexibilización laboral en el área metropolitana de Cúcuta, por ejemplo.

Reformar no es imponer ni tampoco equivale a confrontación sin argumentos. Reformar tampoco tiene qué convertirse en un equivocado rumbo para amenazar utilizando el poder del Estado, cuando lo que se debe hacer es proteger el empleo, favorecer la inversión, facilitar las herramientas para que más personas ingresen a la fuerza laboral ocupada y defender al sector productivo como fuente de riqueza y estabilidad para que disminuyan las desigualdades.

En cambio, reformar debe tomarse como la mejor opción para ayudar a volver a formar, rehacer, modificar o enmendar. El camino hacia una reforma laboral justa y efectiva no debe estar pavimentado con amenazas, sino con el compromiso genuino de construir un futuro mejor para todos los colombianos.

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