Si desde el primer día de mandato se podían haber reglamentado las normas vigentes para implementar la salud preventiva en Colombia, ¿por qué no lo hizo el Gobierno?  Y lo peor, es que después de tanto desgaste viene a plantearlo, llenando el ambiente con la sensación de una reforma de facto a la salud.

La orden del presidente Gustavo Petro a la Superintendencia de Salud “de que en lo que permite la ley y las normas actuales implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos desde ya”, ha desatado toda clase de advertencias.

Puede decirse que toda la tormenta política y de descontento desatada en torno a la reforma a la salud le pasa factura de cobro al Gobierno, que para el caso de su última propuesta registró un desacuerdo del 75,3% en un sondeo de La Opinión en su página web.

Esa es una muestra  de la incertidumbre e inquietud ocasionada por esa iniciativa que para unos tiene visos de estatización, mientras otros insisten en que si hoy esa intermediación de las EPS registra males de diversa índole, el giro directo de los dineros podría llevar a que se diluyan por la corrupción y politiquería en las regiones.

Escuchando e interpretando a los expertos de Acemi y de las organizaciones pacientes y a algunos dirigentes políticos,  en el punto específico de los equipos de salud territoriales y de mejorar la infraestructura de la atención primaria, existen disposiciones claras en la Ley 1438, razón  por la cual eso no habría sido necesario incluirlo dentro de la reforma, sino ponerlo en marcha, con las regulaciones requeridas.

Pese a esto, las dudas persisten. La agremiación que reúne a las EPS del régimen contributivo dejó la notificación de que ojalá no se transgreda la ley en lo que corresponde a las funciones dentro del sistema. ¿Hay  temor a las acciones de facto?

Pero en la forma en que lo ha dicho Petro, para que cerca de un 20% de los afiliados a las EPS sea cubierto por el sistema preventivo, deja la impresión de que le estaría concediendo el poder de coadministradora a la Superintendencia Nacional de Salud para manejar las EPS que tiene intervenidas, aspecto que debe aclararse.

Igualmente, al llevar esto al día a día, le corresponde al Ministerio de Salud y al Adres y a la Supersalud precisar en cuánto tiempo el mecanismo reglado por la Ley 1438 de 2011 cubrirá a todo el sistema. No hacerlo podría conducir a demandas y reclamaciones de derecho a la igualdad.

Otro dilema a dilucidar es el presupuestal. ¿Dónde está la plata para financiar  el esquema que se quiere aplicar? Al ministerio de Hacienda le corresponde responderles a quienes ven muy difícil o imposible invertir en esos equipos territoriales sin desfinanciar tratamientos y medicamentos de los pactos.

En Norte de Santander, todos estos dilemas deben tenerlos presentes, por ejemplo, los 765.941 afiliados a la Nueva EPS que al ser manejada por el Gobierno entrará dentro del mecanismo de la  promoción de salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad.

Ahora habrá que esperar el trámite que a la reforma se le dé en el Senado de la República y buscar las mejores opciones para el sistema de salud de los colombianos salga fortalecido y sin riesgos de control estatal y sin venas rotas que favorezcan la corrupción.