Esas zonas oscuras y grises de las campañas electorales en que la ciudadanía acude sorprendida a los fabulosos montos invertidos, pero nunca realmente informados ni precisadas sus fuentes primarias, tienen que llegar a su fin en Colombia.
Es una compuerta fundamental que debe cerrarse para evitar la entrada de dineros procedentes del narcotráfico, de los corruptos, de los contratistas del Estado y de todos aquellos interesados en tener en los puestos de representación popular a un ‘vocero’ para que después les sirva a sus intereses.
Hemos visto grandes escándalos, que al final del día tan solo quedan en eso, porque simplemente suenan fuertemente durante los tiempos de campaña y cuando todo pasa, se apaga la efervescencia.
Ahí es cuando después aparecen las sorpresas con el arribo al Congreso de la República o a las corporaciones locales y a las mismas alcaldías o gobernaciones de personajes ampliamente cuestionados, pero que al adquirir el fuero y su credencial, se sienten protegidos y hacen de las suyas para intereses propios y de quienes los financiaron.
Ha llegado el momento para que ese chorro de dineros desconocidos cese, mediante la financiación de las campañas por parte del Estado, aspecto que da garantías a todos y rompe esas cadenas que les permitía a los fantasmas de la corruptela tener ahí a sus futuros intermediarios ante las diversas administraciones para seguir haciendo de las suyas.
Bien lo ha dicho la Unión Europea por intermedio de la misión electoral: “Financiación pública y un buen funcionamiento de la misma y que el encargado de la responsabilidad de fiscalizar esta financiación y de controlarla, tenga herramientas suficientes para hacerlo”.
Este punto se manejaría, de llegar a ser aprobado por el Congreso, mediante un 50% en anticipos y el restante con la reposición de los votos obtenidos, en igualdad de condiciones para todos los candidatos, partidos y movimientos políticos.
Ojalá eso sea así y que por fin le pongan tatequieto a miles de millones que llegan para apoyar las candidaturas, pero no con el fin de fortalecer la democracia sino para mantener el control y manejo tras bambalinas de quienes salgan elegidos con esos poderosos apoyadores, que luego les exigen, en contraprestación, que hagan y deshagan a su favor mediante trámites en las entidades del Estado.
Las listas cremallera para que participen por igual hombres y mujeres en las aspiraciones a corporaciones públicas, es también visto como una oxigenación a los propios partidos y movimientos, mediante la ampliación de oportunidades a sus militantes.
Pero todo esto podría quedarse como un maquillaje más o una estrategia frustrada, si no se le mete la mano urgentemente al Consejo Nacional Electoral al que sería bueno reemplazar o someter a una reingeniería absoluta para que de verdad se noten los cambios en las costumbres políticas.
Lo que se ha planteado, por ejemplo, es conformar un Consejo Electoral Colombiano que asuma las labores de la Registraduría, sin tener una representación de los partidos despolitizándolo definitivamente, y además, crear una corte electoral para resolver las controversias políticas.
Esto suena muy bien. Podría ser la panacea. O incluso la meta anhelada. Pero habrá que esperar cómo actúan los honorables senadores y representantes, porque a veces no todo lo que se plantea como cambio es realmente eso, porque puede terminar siendo una jugada para hacer una reforma a medias que no solucione de una vez por todas los problemas que aquejan a nuestro sistema político y electoral.
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