El gobierno del presidente Gustavo Petro no deja de causar sorpresas, zozobra e interrogantes sobre sus formas y maneras de llevar las  riendas del Estado. Primero fue el famoso y todavía inquietante llamado a la constituyente y, ahora, está en boga un pedido de superpoderes para perdonar a criminales y señalados de corrupción, el cual debe hacer tránsito en el Congreso de la República.

El periodo es de dos años para el ejercicio de estas facultades que tienen como propósito el otorgamiento del perdón judicial en los casos que el beneficio contribuya a los fines que busca la Paz Total, según se lee en el borrador del proyecto de acto legislativo.

La iniciativa de nueve artículos, que muy pronto será llevada para su estudio en el Legislativo, señala que por efecto del beneficio que otorgue Petro se  podrían obtener la anulación de las condenas y sanciones judiciales, así como el archivo de las  investigaciones en curso. Es decir, quienes obtengan esa absolución presidencial obtendrían el restablecimiento de los derechos políticos.

Se espera un intenso debate tanto en  el Senado de la República como en la  Cámara de Representantes, para precisar a quienes se cobijará con este perdón y dilucidar preguntas de si hace parte del siempre intrigante y rechazado ‘Pacto de la Picota’ y si podría ocurrir una masiva salida de presos de las cárceles colombianas en la eventualidad de llegar a consolidarse esta propuesta.

Habrá que escucharse las voces de todas las representaciones de las víctimas del conflicto armado para conocer sus opiniones libres de cualquier presión, para determinar si ese  ‘perdón’ hasta qué punto no significa una revictimización frente al hecho de que no exista la más mínima aplicación de justicia y de correrse el riesgo de que la reparación y no repetición se queden en meros enunciados.

Y otro de los puntos que desde ya ha empezado a lavantar ampolla, es la posibilidad de  que se abra una puerta a la amnistía de los responsables por corrupción contra el erario.

El artículo sexto señala que “todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público que sea beneficiado por el perdón judicial resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad   con el retorno de los recursos apropiados (...)”.

¿Qué tiene que ver la Paz Total con la exculpación de las penas pecuniarias o judiciales a los corruptos? ¿En un país como el nuestro donde la corrupción campea, este tipo de perdón a quienes se apropian de los dineros del Estado no es  mal precedente?

En el texto hay otro punto que exige claridad, como es un posible pedido a la JEP, si fuera necesario para abrir un macrocaso de  actores políticos y ciudadanos “judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas  y por la falta de la separación real de los poderes públicos”.

Y el artículo noveno del proyecto también está lleno de interrogantes que  generan más inquietudes sobre el rumbo que se quiere seguir en búsqueda la paz: “Un tribunal de cierre o de amnistía política para actores democráticos que deben reintegrarse y recuperar sus derechos políticos y laborales y vincularse a la Paz Total, estudiará los casos particulares y garantizará un perdóm judicial. Dicho tribunal será designado por el presidente”.

En la parte final de un ‘gran acuerdo político nacional’, por lo que se supone que el Gobierno Nacional tendrá una ardua labor en el Congreso de la República para empujar esta iniciativa, teniendo en cuenta que no le ha ido muy bien y que hace muy poco sufrió una gran derrota en la Comisión Séptima del Senado que hundió su proyecto de reforma a la salud.

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