Ojalá llegara el día en que se reclute para ir a la escuela, el colegio y la universidad, garantizándole a la niñez y la juventud un cupo educativo seguro que los aleje de  diversos riesgos y les trace una mejor posibilidad de para su futuro.

Lastimosamente, por el momento, esa es una quimera, porque sobre tres municipios del área metropolitana de Cúcuta se abate como una plaga el peligroso mal del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

Y centramos la atención en esta región del departamento, para advertir que aquello que ocurre en municipios y veredas del Catatumbo o en parajes inhóspitos del país, ha llegado a Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, en un hecho que debe alarmarnos y sensibilizarnos.

El desbordamiento de ese mal que ya toca a la capital nortesantandereana es otro síntoma de cómo el conflicto armado al que los citadinos antes lo referenciaban como propio del sector rural, cada vez toca más a la puerta en las ciudades, con el agravante de que la frontera es otro foco de violencia.

O sea, la guerrilla, las bandas criminales y demás organizaciones al margen de la ley, tienen a la región en una encrucijada con sus  constantes desafíos al Estado, violando los Derechos Humanos de una población de alta vulnerabilidad como son los niños, que viven con ese enemigo al acecho.

Sin descartar que el subregistro   esté cubriendo este delicado asunto, ya sea por el temor, la intimidación provocada por las amenazas o porque se prefiera no denunciar los casos, es muy preocupante el dato según el cual entre 2018 y 2021 en el departamento se han presentado  12 alertas tempranas por reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, en Convención, El Carmen, Teorama, Tibú, Ábrego, La Playa, Ocaña y los tres municipios metropolitanos.  

Así como los pequeños no tienen por qué estar trabajando ni mendigando en los semáforos o en las esquinas, mucho menos deben de ser utilizados por la criminalidad para llevar armas o municiones de un sitio a otro o como vigilantes en sitios estratégicos, entre otros.

Y cómo será de delicado lo que está ocurriendo, que vale la pena tener en cuenta lo expuesto por la coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico, Julia Castellanos, sobre uno de los tantos factores que inciden para que el problema crezca y sus riesgos se multipliquen.

“El reclutamiento tiene varias aristas como la reconfiguración territorial que han tenido los diferentes actores ilegales y la Cruz Roja Internacional alerta que el país atraviesa por lo menos por cinco conflictos armados, como en Norte de Santander -con zona fronteriza y el Catatumbo-, Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo, Córdoba, el bajo Cauca Antioqueño y Nariño”, según la experta.

Contra este delito de lesa humanidad la sociedad debe de cerrar filas, porque no puede ser posible que si hay un acuerdo de paz vigente se pretenda continuar esparciendo la semilla de la conflictividad armada, puesto que Colombia no se merece caer en una  violencia sin fin, por acciones demenciales como las de lanzar a la guerra a los menores de edad.

Han sido constantes los pedidos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que cese dicha práctica y para que los menores  sean devueltos a sus familias. Pero la crudeza de los hechos confirma que poco o nada es la atención que a ese tipo de pedidos hacen las guerrillas, la  disidencia o bandas criminales, que violan la Convención de los Derechos del Niño.

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