Tibú -con una población de 36.500 personas -padece los males propios del infierno generado por la violencia que niega a desligarse de tan emblemático municipio del Catatumbo y que como lava de volcán se extiende e impacta a otros territorios de Norte de Santander.

Como ocurre con otros problemas que agobian a la región y el país, hay un sobrediagnóstico de los factores disparadores de esa peligrosa conflictividad que no perdona y crece sin control.

Allá la violencia se ha vestido de guerrilla, de paramilitarismo, de bandas criminales, de narcotráfico, de delincuencia común, de traficantes de armas, de contrabandistas, de secuestradores y de asesinos que han dejado una estela de muerte, dolor, desaparición, despojo y desplazamiento a lo largo del tiempo.

De los 510 homicidios referenciados en Norte de Santander por Medicina Legal entre enero y  octubre del presente año, en Tibú han sucedido 78 muertes violentas, situándose como el segundo municipio con más asesinatos, después de Cúcuta.

Posicionarse en dicha casilla muestra el altísimo peligro al que está expuesta la vida en la localidad tibuyana, que dobló en el número de asesinatos a ciudades más grandes como Ocaña y Villa del Rosario.

Y lo más delicado es que el volumen de homicidios en Tibú resulta muchísimo más alto que el de Pasto (capital de Nariño) que marcaba 44 o Riohacha (La Guajira) con 54 muertes violentas  o frente a Manizales (Caldas) que hasta la fecha de la medición elaborada por Medicina Legal suma 42.

El dramatismo que marca la comparación estadística se evidencia con la cruel realidad que caracteriza al conocido municipio petrolero que pese a las riquezas del subsuelo y a la capacidad productiva de sus tierras sufre una pesadilla sin fin, que debe de ser resuelta con fórmulas distintas a las aplicadas hasta ahora, pues estas no han arrojado los resultados esperados.

El fracaso salta a la vista. Estar las mujeres en el centro de las amenazas y pagar con su vida dentro de esa guerra que tampoco perdona a los niños a quienes reclutan para llevárselos a las filas criminales u obligarlos a perpetrar hechos delincuenciales es indicativo de la peligrosa situación que vive la zona.

Y peor aún. Volver a los tiempos en que nadie le puede vender nada a un policía o soldado porque por eso los puede poner en la mira o ejecutar a las personas en una toma de la justicia por propia mano, como ocurrió con dos jóvenes acusados de robar, o de imponer la ley a costa del miedo, confirma que las estrategias del Estado aplicadas hasta el momento no son las correctas.

Es el momento de rectificar. Hay que hacer una gran revisión de la política aplicada para el Catatumbo que indudablemente debe de requerir la multiplicación de la inversión social y la aceleración de inversiones en infraestructura y darles un real apoyo a los campesinos para que la región retome su productividad de diversos alimentos e impulsar la agroindustria.

Está probado que no solo es llevando más tropas como se solucionan unos hechos, que más tienen que ver con la desigualdad social, la pobreza y la pérdida de oportunidades, las cuales alimentan, lastimosamente, a esas organizaciones ilegales, puesto que frente a las amenazas del hambre o de la miseria extrema, muchos toman el camino del dinero fácil.

No hay que dejar solo a Tibú. Su importancia  histórica, económica y social debe llevar a los notesantandereanos a reclamar por unas políticas públicas audaces que le cierren las puertas a ese infierno que intenta devorarlo.