Cúcuta y Cali, con sus respectivas áreas metropolitanas, quedaron marcadas como las únicas ciudades colombianas reseñadas dentro de la lista de las 50 más violentas del mundo durante 2020, elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

El puesto que se ocupa es lo de menos, puesto que resultaría una frivolidad decir que al menos no estamos entre los primeros, cuando lo grave es que hacemos parte de una de las zonas del planeta más peligrosas para la gente, sitial donde también estuvimos y logramos salir hace unos 8 o 10 años.

Si un hecho como este sirviera para calificar la política pública de garantizar la seguridad ciudadana, desde sus diferentes componentes, sin lugar a dudas que se rajaría y a un lado se le podría poner la observación de que  resultó siendo un fiasco.

Y lo peor es que la realidad no ayuda mucho para intentar mostrar lo contrario, porque por ejemplo, como no se va a admitir que en la zona rural de Cúcuta -léase bien de la capital de Norte de Santander- hay en marcha toda una operación de reaparición de paramilitares.

Eso no trae nada bueno ni resuelve nada, como ya se vio en aquellos sangrientos tiempos en que las AUC al comando de Mancuso, el Iguano y otros jefes de esas estructuras llegaron disque a combatir a las guerrillas y lo que terminaron fue manejando los millonarios negocios del narcotráfico y otras economías ilegales.

Ahora los territorios de Agua Clara, Guaramito, Buena Esperanza, Puerto León, Banco de Arena, Palmarito y Vigilancia se han tornado en áreas en disputa - qué grave esto- , de  esos nuevos paramilitares que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas, un disfraz que se dice usa la banda criminal del Clan del Golfo, para enfrentarse al Eln.

En la lógica de situaciones de conflicto interno como esas entre la guerrilla y los gaitanistas, el único resultado es más muerte, desplazamiento, despojo, apoderamiento de territorios, reclutamiento forzado, violación de los derechos humanos  y crecimiento de acciones al margen de la ley.

Lo delicado es que esa zona tiene una doble importancia, como es la de estar conectada a la frontera con Venezuela y de ser como una especie de vaso comunicante con la también no menos conflictiva región del Catatumbo.

Evidentemente, dicha ola violenta acarrea sus consecuencias para quienes  habitan en el casco urbano  y  más en medio de la crisis  socioeconómica actual, signada por un alto desempleo e informalidad, el aumento de la pobreza, el acrecentamiento del hambre, la quiebra de  empresas y el cierre de negocios, entre otros.

Y sumándole a lo anterior el alto nivel de muertos en las trochas fronterizas de Villa del Rosario y los asesinatos constantes en Puerto Santander, ambos municipios metropolitanos, permiten señalar que como van las cosas y si no hay una mejor fórmula para contener esta ‘pandemia de la inseguridad’, nos atrevemos a presagiar que ya tenemos asegurado un lugar en dicho listado para el presente año.

La Alcaldía de Cúcuta, el Área Metropolitana, el Concejo, la Gobernación, la Asamblea y la sociedad civil deberían buscar una estrategia que pase por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz con las Farc para la erradicación y sustitución de cultivos, la posibilidad de auscultar un acercamiento hacia diálogos con el Eln por  ser un factor evidente de desestabilización y peligro en la zona, e insistirle al Gobierno Nacional o a la cooperación internacional sobre la necesidad de un plan de emergencia social y económico para la región, porque de lo contrario la violencia y la inseguridad  continuarán su acoso sin fin.