El asesinato de Dimar Torres fue uno de los escándalos que sacudió al Catatumbo, al Ejército y a Colombia, siendo una de las razones para la caída del ministro de Defensa, Guillermo Botero, que al principio minimizó este hecho, por el que hoy el  cabo Daniel Gómez Robledo fue condenado a 20 años de prisión, mientras el coronel retirado, Jorge Pérez Amézquita, está a la espera de si es la justicia ordinaria o la penal militar quien lleva el proceso.

Muy grave lo descubierto por la Fiscalía en el homicidio del exguerrillero de las Farc, al que prácticamente le dictaron sentencia cuando desde los  cuarteles lo sindicaron de explosivista del Eln y autor del asesinato de un soldado, razón por la cual el coronel (Pérez Amézquita) expuso: ‘A ese man no hay que capturarlo, sino que hay que matarlo porque no aguanta que quede en la cárcel’. 

Si estamos en una etapa de posconflicto con la cual queremos dejar en los anales de la historia el largo y sangriento  conflicto armado, para marchar en la construcción de una Colombia mejor, donde las oportunidades incluyan a todos y el real enemigo a vencer sea la corrupción, como causante de buena parte de nuestros males, es indispensable contener y conjurar lamentables hechos como este.

Porque en realidad las Fuerzas Militares hay que ponerlas a salvo de crudos y dolorosos episodios como el de los falsos positivos, cuyo fantasma continúan rondando, si tenemos en cuenta las versiones hasta de un grupo de WhatsApp con el nombre del desmovilizado de las Farc muerto en la zona rural de Convención, que lo deja ver como la ejecución extrajudicial de una persona protegida.

El hecho de que el cabo Gómez Robledo haya alcanzado un preacuerdo con la Fiscalía deja muy claro que no se trató de ningún accidente, como llegó a decir en algún momento el ahora exministro Botero, pero en cambio sí se enmarcó en “un desafío para el Proceso de Paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de los excombatientes que deponen las armas”, como lo advirtiera la ONU.

Por el bien de Colombia y de nuestra región, que es una de las martirizadas por la violencia guerrillera, paramilitar y narcotraficante, lo recomendable es que el Estado active estrategias, incluso con sanciones ejemplares a sus agentes, de forma que esas actuaciones y operaciones extrajudiciales de parte de sus tropas, no se sigan presentando en nuestro país. 

Sobre esta caso, la familia de Dimar Torres ha planteado que se continúen las investigaciones hasta descubrir realmente qué fue lo que ocurrió en este violento episodio, pues una de las reivindicaciones que quedaron dentro del Acuerdo con las Farc, se encuentra el de verdad, justicia y reparación, para que en la memoria histórica ni se revictimice, oculte o maquille lo sucedido ni mucho menos sea la posición oficial la que prime.

Queda entonces en manos del Estado y de la sociedad el compromiso de levantar el velo de misterio que aún persiste en el caso Dimar, porque si la paz ha sido el camino elegido, así contra el proceso existan resquemores y desconfianza, el hecho es que no podemos pasarnos otro siglo de odios y rencores. En últimas, la patria reclama un sacrificio de todos, como el de  deponer las posiciones radicales.