Hace exactamente un año, el presidente Iván Duque prorrogó la vigencia de la Ley de Víctimas por otro decenio con el fin de continuar en el proceso de reparación a quienes han resultado afectados por el incesante conflicto armado en el país y la región.
Con enemigos que le sobran tanto desde la clase política como de aquellos que la aprovechan para presentar falsas víctimas o estafar a los presuntos beneficiarios, bien o mal esta política ha ayudado a millones de personas en el país.
En los primeros diez años de vigencia la cantidad de quienes recibieron ese respaldo para sobrellevar su tortuosa situación, fue de 1’200.000 reparados en el país, con una inversión de ocho billones de pesos, a esa fecha.
Y en Norte de Santander y Arauca de los 364.311 pobladores golpeados por los distintos factores de violencia 315.029 fueron considerados sujetos de atención que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas establecidas en la Ley.
Son cuantías importantes las destinadas a lo largo de esos años para atender, por ejemplo, la reparación individual con $90.662 millones a 9.335 personas, lo mismo que $4.474 millones en reparaciones colectivas y $5.177 millones para retornos y reparaciones en estos dos departamentos, donde infortunadamente la violencia no para, como se ha visto en los últimos meses.
Este contexto sirve de marco para resaltar como es de importante seguir con el respaldo financiero para darles un mejor proyecto de vida a quienes por múltiples razones sufrieron y padecen en carne propia el desplazamiento, despojo, asesinato, desaparición forzada, las amenazas e intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales, no solo en áreas como el Catatumbo, sino también en la zona rural de Cúcuta, por ejemplo.
Por eso es fundamental que este mecanismo de reparación se proteja de asuntos tan delicados como ese de falsas víctimas, estafa y otros delitos, y por los cuales hay más de 8.400 quejas ante la Unidad de Víctimas, mientras que en la Fiscalía las denuncias instauradas superan las 3.100.
Y en este aspecto hay un dato relevante, como es el de que al ser excluidas del Registro Único de Víctimas 41.312 personas que se filtraron como falsas víctimas, se salvaron $200.000 millones de recursos reservados por el Estado para la atención de esta población vulnerable.
Para tener una idea de la magnitud que significa resguardar los dineros para dicha política, recordemos que el año pasado en Norte de Santander la Unidad de Víctimas entregó $24.900 millones en indemnizaciones administrativas y recursos económicos a 2.500 afectados por la violencia.
A ello hay que adicionarles más de $2.100 millones que fueron destinados para la reparación colectiva, los retornos y reubicaciones y la ayuda humanitaria en varios municipios de esta región fronteriza.
Pero así como es vital ponerle talanqueras a los avivados, es realmente trascendental que se avance con urgencia en la identificación de fuentes de recursos que permitan acelerar el ritmo de indemnización de las víctimas como lo ha planteado la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz.
De no hacerlo así, habría necesidad de continuar extendiendo la ley de víctimas durante varias décadas más para cumplir los compromisos adquiridos con quienes figuran en el registro único como sujetos de atención.
