En el último año, las luchas por el control del territorio fronterizo entre bandas criminales, guerrilla, paramilitares y colectivos armados venezolanos, han generado no solo un incremento en los episodios violentos en San Antonio, Ureña, Boca de Grita y Norte de Santander, sino además una nueva estructura de poder a lo largo del corredor binacional.

A finales de 2019, Freddy Bernal, enlace político de Nicolás Maduro con el estado Táchira, declaraba a San Antonio y Ureña como “territorio libre de paramilitares”, al tiempo que se registraban enfrentamientos armados bajo el puente internacional Francisco de Paula Santander, en los que algunos testigos afirmaron haber visto actuar a individuos cuyos uniformes ostentaban la insignia del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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Un testigo presencial que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad, confirmó a La Opinión que en Ureña, hacia la zona de El Vallado, existe un campamento guerrillero en el que el Eln mantiene a unas 60 personas secuestradas,  24 mujeres y más de 30 hombres.

Describió el lugar como una hacienda grande, con caballerizas adaptadas para mantener a los rehenes,  quienes permanecen en ropa interior la mayor parte del tiempo. Un lugar con poco mobiliario y mucha disciplina. “Diez minutos para tomar sol, 5 minutos para bañarse, nada de conversaciones”, precisó.

“Allí, al menos dos de las personas de mayor rango son de nacionalidad cubana, entre ellos una mujer a quien todos llaman ‘Doña Cuba’, por quien muestran gran respeto. Además, hay unos 90 venezolanos que cumplen labores de vigilancia, les pagan unos $500.000 a la semana”, explicó. 

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Control territorial

En San Antonio, por otra parte, los colectivos (grupos de civiles armados que actúan por motivaciones políticas), los cuales se movilizaron a la frontera en febrero de 2019 provenientes de distintas regiones de Venezuela para impedir el ingreso de la ayuda enviada a Cúcuta por una coalición internacional, “llegaron y nunca más se fueron”, dijo un habitante de esta población fronteriza, que ha experimentado un crecimiento en los robos a mano armada, hurtos y arrebatones.

“En Ureña, la guerrilla tiene gente infiltrada en las comunidades, vecinos que uno conoce de toda la vida, de repente andan armados y resuelven disputas, imponen toques de queda y obligan a algunas familias a abandonar sus casas y mudarse a otra ciudad, bajo amenaza de muerte”, señaló  un habitante de Tienditas

Durante el último mes, los enfrentamientos se han trasladado hacia Boca de Grita y Puerto Santander donde se registra un reforzamiento de la presencia militar venezolana. Todo ello ha dejado como resultado más de 20 paramilitares muertos y duros golpes a la estructura de financiamiento de Los Rastrojos.

Para el exmilitar y experto en seguridad fronteriza, Miguel Morffe, el fenómeno se llama “reconfiguración territorial de la violencia en la frontera” y viene dado por la conjugación de componentes sociales, económicos y políticos, por parte de los actores que intervienen a ambos lados de la línea limítrofe. 

“Quien tiene apoyo del gobierno venezolano es el Eln y la única forma de controlar realmente estos territorios es apoyándose el uno al otro, por eso en todos los reportes oficiales de los cuerpos de seguridad venezolanos los ataques son contra Los Rastrojos, no atacan al Eln, no atacan a las (disidencias de las) Farc, no atacan a Los Pelusos…”, apuntó.

Para Morffe, lo que se evidencia es una acción estratégica que busca dejar al Eln en control del territorio fronterizo tachirense, con la subordinación de los colectivos en San Antonio y obligando a Los Rastrojos a replegarse hacia la zona sur del Lago de Maracaibo, donde históricamente el paramilitarismo ha mantenido una fuerte presencia.

Agregó además que a diferencia de los paramilitares, el secuestro constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los grupos guerrilleros, junto a la producción y contrabando de estupefacientes.