Nueve personas fueron detenidas por las autoridades venezolanas y acusadas de integrar una banda dedicada a estafar a personas que transitaban por los pasos irregulares en la frontera entre Táchira y Norte de Santander. La información contenida en sus teléfonos celulares, analizados tras la detención, permitió establecer que actuaban de manera coordinada.
Según se pudo conocer, en medio de los arrestos a migrantes retornados que usaron los pasos irregulares para ingresar a Venezuela, éstos denunciaron haber sido objeto de extorsión y cobro de tarifas entre 100 y 300 dólares, por parte de varias personas que luego de recibir el pago, les dejaban a su suerte en las trochas fronterizas, lo que dio inicio a una investigación por parte de las autoridades.
Efectivos de la Guardia Nacional, pertenecientes al Destacamento No. 212, con sede en San Antonio del Táchira, tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, adelantaron junto a la Fiscalía número 24 del Ministerio Público, una serie de allanamientos a residencias ubicadas en los barrios Ocumare, La Invasión y Simón Bolívar, de San Antonio. Sin embargo, ninguno de los detenidos está residenciado en el estado Táchira, sino proceden de la zona central de Venezuela.
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Los detenidos fueron identificados como: Luis Enrique Simonovis Flores, oriundo del estado Monagas; Alexánder José Godoy Romero y Carlos Emiro Márquez Ramírez, procedentes de Carabobo; Kendry Daniel Sandrea, natural del estado Trujillo; Danny Jesús Sánchez Llantén, del municipio Torbes (Táchira); Miguel Antonio Armas Flores; José Eliseo Dun La Cruz; José Gregorio Romero Pacheco, de Cojedes, y Antony David Sarmiento Perdomo, de Portuguesa. Todos de nacionalidad venezolana. Junto a ellos también fue detenida una mujer que había ingresado por las trochas y tenía como destino la ciudad de Barinas.
En total son 40 los “trocheros” que han sido apresados por facilitar el tránsito de personas entre Colombia y Venezuela haciendo uso de pasos irregulares, en medio de las medidas de circulación restringida adoptadas para prevenir la propagación del coronavirus.
Todos ellos enfrentan una investigación por los delitos de tráfico de personas, asociación para delinquir, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad e instigación a la desobediencia de las leyes. Con penas que oscilan entre los 6 y los 10 años de prisión, sin derecho a medidas cautelares, por cuanto la trata de personas se encuentra catalogado como crimen de lesa humanidad.
Hasta la fecha, 13 de estas personas han sido trasladadas a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, a 1.800 kilómetros de la frontera entre Táchira y Norte de Santander. El resto, espera por la radicación de sus causas en el estado Bolívar, por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, luego de ello también serán trasladados a El Dorado, un penal de máxima seguridad considerado en más inhóspito y cruel del país.
