Luego de recorrer durante más de siete días los 195 kilómetros que separan a Cúcuta de Bucaramanga, caminantes venezolanos acuden a ‘Entre dos tierras’ para recibir un plato de comida y orientación migratoria en la capital santandereana.
A diario esta fundación atiende entre 800 y 900 personas, en su mayoría mujeres y niños que llegan en condiciones extremas. Alba Pereira, directora de la fundación, indicó que también brindan “ropero solidario, asesoría jurídica y entrega de medicinas (siempre que se muestre récipe e informe médico).
Actualmente, la fundación está en peligro de ser cerrar sus puertas debido a una petición interpuesta por los vecinos del barrio San Alonso ante la Secretaría del Interior, adscrita a la Alcaldía, quienes denuncian, entre otras cosas, ocupación del espacio público.
“Estamos al límite, porque ya sobrepasamos lo que se debe hacer, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial nos permite funcionar, no se esperaba tanta concurrencia de personas”, agregó.
Petición
Agregó que la fundación es referencia en la región, ya que instituciones como “la propia Alcaldía, Cancillería y hasta la morgue nos remiten casos de migrantes venezolanos para que nosotros tomemos los casos”.
Si bien la fundación se constituyó en el 2017, ‘Entre dos tierras’ lleva siete años funcionando. Se apoyan con campañas como gofundme y el buen corazón de la sociedad civil.
Pereira se mostró preocupada porque, según dijo, “sabemos que vendrá un ultimátum por parte de la Alcaldía para que nos mudemos de inmediato”.
Esto acarrea costos elevados que hasta tres millones de pesos de arriendo mensual, que ‘Entre dos tierras’ no tiene cómo asumir. “Ya hemos agotado los recursos. Hemos pedido cita con el Alcalde, con Secretarías y hemos llamado a ACNUR, pero nadie nos ha dado alguna solución”.
Su petición se centra en “que alguna institución o empresa privada pueda cubrir el canon de arriendo para mudarnos a otro lugar que no sea residencial para seguir atendiendo a esta población vulnerable”.
Por otro lado, de manera extraoficial se conoció que por parte de la Secretaría del Interior, adscrita a la Alcaldía de Bucaramanga, no existe algún ultimátum.
Según una fuente anónima, “se inició un proceso con apoyo de una inspección de policía, debido a las constantes quejas de la comunidad del sector, por el desorden que se registra antes, durante y después de las entregas de las raciones de comida y que podría terminar en orden de desalojo”.
