“He girado instrucciones  de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72 horas”, esta fue una de las primeras frases que esgrimió el presidente del vecino país Nicolás Maduro la noche del viernes 19 de agosto, luego de que tres militares venezolanos fueron atacados a tiros en Ureña.

Sin embargo, terminado ese plazo Maduro decidió mantener la medida de manera indefinida y hasta el sol de hoy no hay muestras de querer reabrir los pasos limítrofes, clausurados también en la frontera con los estados Zulia y Apure.

A la par con esta orden, el gobierno Venezolano ejecutó controles para atacar los problemas de inseguridad en esta zona con el argumento de acabar con el “paramilitarismo colombiano”, esto originó la deportación de más de 2.000 connacionales y el retorno voluntario de otros 20.000 por miedo a represalias.

Este panorama se vio reflejado en una crisis económica y social en Norte de Santander, por lo que la administración de Juan Manuel Santos debió habilitar unos 18 albergues y decretar la emergencia para atender a los damnificados, pues la mayoría de colombianos tuvieron que regresar solo con lo que tenían puesto.

Quienes vivía en el cordón fronterizo, del lado venezolano, y quisieron rescatar sus pertenencias tuvieron que atravesar caminando el río Táchira. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y las relaciones entre ambos países se tensionaron.

Las primeras reuniones que se dieron entre las delegaciones de Colombia y Venezuela no han dado resultados y esos encuentros tampoco se han vuelto a programar.

El comercio binacional decayó, los empresarios de ambos países han resultado gravemente afectados y muchas familias dejaron de verse por las dificultades que acarrea transitar por los cordones humanitarios fronterizos acordados por los gobiernos.

*Laopinion.com.co