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Sábado, 11 de Septiembre de 2021

A mediados del siglo pasado el manejo que se le daba al sector educativo era bien diferente al de hoy. Por esos años, durante la vigencia del Concordato, se habían establecido algunas normas que resultaban bien particulares. Para comenzar, veamos esta nota publicada en uno de los diarios de la ciudad, sobre un caso que causaba extrañeza entre el cuerpo de maestros.

Un antiguo director de la cultura local, conservador por más señas, quiso dejar huella de su paso por esa posición y dicen, que un día cualquiera, de los pocos que concurría a su oficina, dictó un decreto ‘vinculando’ a los curas a la educación, designándolos como control de los maestros y autorizándolos para firmar las nóminas, sin cuyo autógrafo debían abstenerse los asentistas de efectuar los pagos correspondientes. Los párrocos cultos no se obstinaban en hacer cumplir esa disposición que consideraban una necedad, pero en cambio otros habían que revolvían tierra y cielo para que se cumpliera el requisito, demorando las nóminas, haciéndose rogar y convirtiéndose en el máximo enemigo del maestro. Un cura de un pueblo vecino, notó que el asentista pagaba sin su respetable firma, se dirigió al Secretario de Educación del departamento reclamando por esa anomalía tan gravísima para la marcha normal de la educación popular, basando su reclamo que en el Concordato vigente hay una cláusula que faculta a los curas para firmar las nóminas. A raíz de este reclamo se armó toda una polémica en la que se preguntaban sobre esta afirmación y si correspondía a una de esas interpretaciones ‘salomónicas’  del derecho canónigo.

Como era principio de año, las preocupaciones habituales que surgen cada vez que esto sucede estaban dirigidas al municipio,  reclamándole locales amplios donde pudieran funcionar, en condiciones mínimamente aceptables, los maestros y funcionarios educativos de las escuelas públicas y desarrollar su labor con la comodidad que requiere su actividad. Al parecer, por las dificultades propias del momento, la respuesta a estas inquietudes no eran del todo satisfactorias y prueba de ello puede leerse en una noticia publicada con ocasión de este evento: “…la solicitud del director de la cultura no ha tenido eco ni en la alcaldía ni en la personería, que mantienen en el más absoluto olvido a la educación popular cuando precisamente hacia allí deben converger sus preocupaciones. Según parece, de acuerdo con una noticia publicada recientemente, el bachiller Miguel Marciales, ha manifestado que mientras el municipio no solucione tan delicado problema, se abstendrá de designar el personal de maestros para el año lectivo que comienza”. Argumentos a favor se presentaban diciendo que esa podría ser una medida salvadora pero como recién se posesionaba en la alcaldía el señor Manuel Jordán Pabón, se aspiraba que interviniera en el asunto a fin de que las escuelas funcionaran en locales apropiados. No podemos asegurar que se hayan resuelto las peticiones pero lo cierto es que el año escolar comenzó sin mayores problemas y los maestros nombrados iniciaron sus labores según lo acordado en el calendario.

Sin embargo, esta no era la única preocupación que afectaba al sector. Solucionados los inconvenientes con los maestros y sus problemas locativos, surgía ahora el de los padres de familia, relacionado con los costos que involucraba el desarrollo de la educación de sus hijos. Se vivía una época de especulación y acaparamiento, de alzas desmesuradas y problemas de escasez que agravaban la situación de las familias, especialmente las de menores recursos. Por razones como las mencionadas, numerosos padres de familia se dirigieron a las dependencias de los medios de comunicación para exponer las alzas escandalosas en las matrículas y en las pensiones y mensualidades de los colegios semioficiales y privados, circunstancia que había obligado a muchos de ellos a abstenerse de inscribir a sus hijos por carecer de medios económicos suficientes. Y la conclusión a la que se había llegado era que “…ya la educación se había convertido más que un artículo de lujo, en un medio ilícito de explotación en perjuicio directo del pueblo porque cohíbe a las familias educar a los hijos”. En las reuniones que se programaron para evaluar este problema se argumentaba que el gobierno, al permanecer inactivo frente a la especulación, negaba el derecho a la educación cuando debía ser lo contrario ya que los educandos de hoy tienen la misión sagrada de conducir la vida futura del país. Era inadmisible y anticristiano que al alto costo de la vida cuando los padres de familia con salarios impropios resisten el sostenimiento de los hogares con indescriptibles esfuerzos, vean sumergidas sus ilusiones en el fango de la adversidad, al no poder educar convenientemente a sus hijos.

A pesar de las circunstancias económicas de ese año de 1951, en el que comerciantes inescrupulosos cometían sus fechorías en las propias barbas de las autoridades de control, el creciente malestar del pueblo, especialmente en los hogares de la clase media, se manifestaba no sólo en la especulación y el acaparamiento de los víveres sino en los altos costos de la educación. Ejemplos fueron presentados en los que se demostraba incrementos muy por encima de lo establecido en las normas, lo que imposibilitaba a los padres de familia sufragar dichos valores.

El gobernador y el director de educación manifestaron que estudiarían el caso tratando de establecer tarifas que consolidaran las aspiraciones de todos. Claro que esta era la oportunidad precisa para que la oposición le ‘cayera a palos’ al gobierno y como tal no la desaprovecharon como puede leerse en el editorial de un periódico de ideología contraria: “…¿Si en verdad, como lo afirman los conservadores, nos encontramos en una democracia cristiana, por qué entonces día a día caen sobre los humildes hogares los impactos de la impiedad, del  dolor, de la tragedia, del hambre, de la desolación, de la orfandad y para culminar ese largo rosario de ignominia, se impide a los pobres salir de las mazmorras de la ignorancia?” y remataban con “…Ya es el colmo que se quiera comerciar con un derecho tan fundamental como es el  de recibir educación y cultura, pulimentos necesarios para la niñez que en el mañana tiene la misión de reemplazarnos en la escena colombiana”.

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