Policías encubiertos fueron la pieza clave en la investigación que concluyó con las capturas de ocho expendedores de cocaína y marihuana en Chinácota. Ante el contundente material probatorio, entregado en videos, seis de ellos llegaron a  un preacuerdo con la Fiscalía, solicitando ser condenados anticipadamente.  

Se trata de Javier Omar Corona Villamizar, conocido como 'Corona', de 51 años, señalado de ser el presunto cabecilla de la banda ‘Los Scott’.

Le siguen Ferney Alexis Bautista Rubio, 'Bocadillo', de 27 años; Fabio Jesús Sosa Ochoa, de 29; José Concepción Díaz Sandoval, 'Grillo', de 34; Jhostin Julián Aillón Navarro, de 25 y el venezolano Franklin Manuel Cáceres González, 'El Flaco', de 22.

Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) les siguieron el rastro mediante compras controladas de dosis, además de toma de fotografías, en el momento en que distribuían las sustancias alucinógenas, en pequeñas cantidades, en diferentes sectores del municipio nortesantandereano. 

Cada compra quedó grabada con hora y fecha y adjuntada al material probatorio que presentó la Fiscalía, en desarrollo del proceso penal.

Las autoridades calcularon en al menos cinco millones de pesos diarios las ganancias de esta banda de microtraficantes que vendían a domicilio y en los alrededores de colegios y parques del turístico municipio.

“Logramos conocer cómo delinquía la banda y también interceptamos líneas telefónicas que permitieron identificar a cada uno de los integrantes de esta organización”, dijo un investigador judicial cercano al caso.

Para entonces, el coronel Fabián Ospina Gutiérrez, comandante de la Policía en Norte de Santander, invitó a la población chitarera a que denunciara cualquier situación delictiva en este municipio turístico.

La Fiscalía inició las investigaciones hacia finales de 2018 y gran parte de las compras se hicieron en el primer semestre de 2019.

El grupo fue detenido a comienzos de agosto, mediante allanamientos simultáneos, y presentado ante un juez de garantías en audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y medida de aseguramiento, en las que decidió enviarlos a la cárcel. El ente investigador les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes.

“Relativo a la culpabilidad se tiene que los procesados eran imputables para la fecha de los hechos. Es decir, no padecían algún trastorno mental que les impidiera saber que estaban atentando contra la seguridad pública. Además, conocían la ilicitud de su actuación (…) Por lo anterior, son merecedores de un juicio concretado en la pena que finalmente habrán de cumplir”, señala la sentencia.  

Aceptan los cargos

La Fiscalía primera, delegada para antinarcóticos de Cúcuta, adelantó el preacuerdo con la defensa de los procesados, aceptado su responsabilidad a cambio de una rebaja en la pena, que consistió en degradar su participación de autores del delito imputado a cómplices.   

Dicho preacuerdo fue presentado, revisado y aprobado por un Juzgado, con funciones de conocimiento de Pamplona, que dictó sentencia en su contra por 35 meses de prisión.  

La droga la ofrecían a los transeúntes cuando tenían la menor oportunidad “siendo develado su accionar a través de los seguimientos que hicieron y documentaron los agentes encubiertos. No en vano decidieron aceptar su participación en la comisión del delito, confesado, a través del preacuerdo”, indica un aparte de la sentencia.  

Y agrega  que el juez luego de estudiar la legalidad del preacuerdo concluyó que “el mismo se ajustaba a unas de las modalidades establecidas dentro de la legislación vigente (…) 

Los imputados aceptaron los cargos de manera libre, consciente y voluntaria y debidamente asesorados por sus defensores en la audiencia de verificación del preacuerdo, efectuado ante esta judicatura”.