El hallazgo de varias válvulas ilegales instaladas en un extenso tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas que pasa por Tibú, para robarse el crudo, fue el inicio de una investigación de la Fiscalía y la Policía que llevó a la captura de 14 personas que, presuntamente, hacían parte de tres redes ilícitas sacaban el petróleo para venderlo en la Costa Caribe.

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Según la Fiscalía, una vez tenían el crudo en varios vehículos cisternas, “alteraban las vías de transporte, manifiestos de carga y documentación en general que se usa para el transporte del hidrocarburo… Falsificaban documentos y llegaban a puntos de acopio, donde en lugares rústicos no autorizados hacían el traslado –del combustible- en camiones cisterna…”.

Ricardo Moreno Moreno, delegado contra la Criminalidad Organizada, explicó que las redes se encargaban de: extraer, transportar, refinar y comercializar el hidrocarburo hurtado.

Una vez las autoridades tuvieron todo el material probatorio contra estas presuntas redes delincuenciales, lanzaron una operación y detuvieron a los responsables.

Las capturas

Las primeras detenciones se dieron cuando varios policías y funcionarios de la Fiscalía llegaron hasta unas viviendas ubicadas en Girón y Barrancabermeja (Santander), donde detuvieron a Albaneris Pérez Garavis, alias ‘La Patrona’ o ‘La Mona’, y a otros cuatro hombres.

La mujer, según se conoció, era quien financiaba toda la operación ilícita, además, es señalada de ser un enlace con el Eln, grupo ilegal al que le darían dinero. Ella fue acusada de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Un juez la envió a la cárcel.

Los cuatro hombres fueron señalados de ser los encargados de transportar en los vehículos el crudo, por lo que fueron enviados a la cárcel por concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos  y receptación de hidrocarburos.

“Otro de los eslabones de la cadena ilícita estaba conformado por empresas que utilizaban sus personerías jurídicas y permisos otorgados por diferentes entidades para darle apariencia de legalidad al combustible, procesarlo y ponerlo en la Costa Caribe para comercializarlo”, sostuvo Ricardo Moreno.

Los acusados por esas acciones fueron: Omar Enrique Morales Bobadilla, Maira Janeth Medina Flórez y Catalina Quintero Rincón, a los que enviaron a la cárcel.

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Se conoció que Omar Morales aprovechaba su cargo de director financiero de una compañía de petróleos para preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo fuera apto para su comercialización.

Mientras que Maira Medina, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslado del combustible. Catalina Rincón sería la encargada de administrar y gestionar permisos, además de tramitar la documentación ante las autoridades para adquirir los químicos con los que refinaban el crudo.

Los centros de acopio

La tercera red ilícita estaba compuesta por seis personas que, al parecer, expedían documentos falsos, almacenaban y transportaban el hidrocarburo desde Tibú hasta Astilleros (El Zulia).

Se trata de Catalina Quintero, Mary Triviño Yopasa, John Alejandro Acosta Chacón, Luis Andelfo Contreras, José Javier Ocampo San Juan y Elkin Orlando Gómez Álvarez, quienes presuntamente transportaban el combustible hasta centros de acopio ubicados en Ocaña, Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrid (Cundinamarca).

Catalina Quintero era la administradora de una planta de asfalto en Barrancabermeja. Al parecer, ella facilitaba la adquisición y el almacenamiento del hidrocarburo, mientras que Flor Triviño era la propietaria de un parqueadero donde cargaban el crudo.

John Acosta, presuntamente, coordinaba la extracción, transporte y almacenamiento; Luis Conteras se encargaba de obtener los manifiestos de carga falsos para justificar el transporte del hidrocarburo. José Ocampo y Elkin Gómez, eran conductores.

La Fiscalía acusó a las seis personas de concierto para delinquir, uso de documento falso y receptación de hidrocarburos.

Extinción de dominio a inmuebles

Liliana Donado Sierra, directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, indicó que también se impusieron medidas cautelares de extinción de dominio a 101 propiedades que habrían sido adquiridas con las ganancias del hurto y la comercialización del hidrocarburo.

Se trata de nueve inmuebles rurales, 15 urbanos, 7 vehículos, 7 embarcaciones, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, ubicados en Atlántico, Boyacá, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Los bienes estarían avaluados en $1.3 billones.

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