El presidente Iván Duque se refirió este martes en entrevista con LA FM, al caso de Dimar Torres, desmovilizado que se había acogido al proceso de paz y que fue asesinado el 22 de abril en Convención, Norte de Santander.

El mandatario colombiano aseguró que cuando se han presentado crímenes contra personas que han estado en el proceso de desmovilización “la instrucción es rápidamente investigar y capturar a los delincuentes”.

"Aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias y hasta el fondo de este asunto", dijo el presidente.

Duque agregó que “tienen que pagar quienes deshonren el uniforme, quienes estén cometiendo un acto criminal tienen que responder”.

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El caso de Dimar Torres está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. Según dijo el mandatario, las investigaciones entregadas por la Fiscalía y el Ejército demostraron que el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, señalado de cometer el asesinato, mintió.

“El informe de balística y el informe forense es totalmente claro que lo que dijo el cabo es mentira. A partir de ahí se han iniciado todas las investigaciones y hay un coronel investigado, y esperamos que si hay más personas, que han estado detrás de un acto que es un crimen, deban pagar”, señaló el presidente. 

El coronel del Ejército al que se refiere el mandatario es Jorge Armando Pérez Amézquita, a quien la Fiscalía investiga por supuesto "encubrimiento" del asesinato del exguerrillero.

"De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la materia física recaudada (...) se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita tendría conocimiento de los hechos", afirmó el fiscal general encargado, Fabio Espitia.

El cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo dijo en un principio que él se encontró con Dimar Torres y que este último le intentó quitar el fusil, por lo que habría actuado en defensa propia.

Esta versión dada a conocer por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, causó controversia, pues la comunidad aseguró que se trato de una ejecución extrajudicial.

Días más tarde, Botero confirmó que sí fue un homicidio por parte del militar. 

Hace poco, la revista Semana publicó un especial en el que denunció que los militares pretendieron vestir de guerrillero del Eln a Dimar Torres para presentarlo como guerrillero abatido en combate.

Así fue

Dimar Torres venía de un corregimiento que se llama Miraflores, donde estuvo comprando unos insumos para la semana, unas machetas y unas medicinas para sus papás. “Me gustaba la forma de ser de él. Estaba muy pendiente, nos cumplía a mí y a sus papás, porque él velaba por ellos”, contó su esposa Alexandra Rodríguez, quien no alcanzó a decirle que serían papás.

Al pasar por el puesto de control militar, uno de los uniformados le hizo la señal de pare a la moto en la que se movilizaba, por lo que se detuvo. Junto con Dimar iba otra persona, pero en otra motocicleta, quien sí continuó su camino. Minutos después se escucharon los disparos, por lo que en la comunidad reinó la inquietud.

Unos minutos más tarde la comunidad de Campo Alegre salió a buscar a Dimar, a quien estimaban en esta zona del Catatumbo. 

“Nos atrevimos todos a meternos en los cambuches, avanzamos y revisamos en todo lado. Veinte minutos después encontramos un hueco, a un lado había como un balde lleno de agua de panela y también vimos herramientas. Cinco minutos encontramos el cuerpo de Dimar. Tenía la cabeza destrozada a tiros”, dijo una de las mujeres que participó en la búsqueda.

Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres, dijo a LA FM que "estos hechos evidencian que existe un serio problema al interior de la doctrina de las Fuerzas Militares".

"Este es el regreso a épocas oscuras (...) es una ejecución extrajudicial. Tenemos que conocer de manera rápida las actuaciones de la justicia ordinaria, esto no se puede dilatar en un proceso largo", agregó.

Expertos de la ONU condenan ataque

Expertos en derechos humanos de la ONU condenaron el asesinato Dimar Torres e instaron al Gobierno colombiano a respetar las garantías de seguridad acordadas en el proceso de paz de 2016.

"Este atentado es un desafío para el proceso de paz ya que no cumple con el acuerdo final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes que deponen las armas", destacaron los expertos, entre ellos la relatora especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, Agnes Callamard.

En un comunicado firmado también por los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, estos hechos suponen "una violación de las garantías acordadas por Colombia".

"Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales que exigen independencia e imparcialidad", explicaron los expertos.

"Es importante para la protección de estas personas y de sus familias que estos autores sean llevados ante la Justicia", subrayaron.

Según ellos, ignorar las garantías prometidas a los excombatientes hace que aumenten las posibilidades de abandono del proceso de paz por parte de los excombatientes, así como las posibilidades de que se unan a grupos disidentes o vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.

"El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz", destacaron los expertos.