En el último año, según el Consejo Seccional de la Judicatura, han sido sancionados 5 abogados con exclusión del ejercicio de la profesión; 23 más con suspensión para ejercer entre 2 meses y tres años (en algunos casos se ha incluido una multa); otros 3 han sido censurados (amonestación escrita que dura 5 años en la hoja de vida del abogado, en el Registro Nacional de Abogados), y 2 jueces han sido sancionados, uno con suspensión en el ejercicio del cargo y otro con amonestación escrita en la hoja de vida.
El panorama, a todas luces preocupante, incluye también, a abril del presente año, 868 expedientes contra jueces, fiscales y abogados. Así lo dio a conocer el Consejo Seccional de la Judicatura, que cubre los departamentos de Norte de Santander y Arauca, y se encarga de investigar y sancionar a los profesionales del derecho que sean denunciados por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión.
Dentro de los casos que llaman la atención en Cúcuta, se encuentra el de la abogada Gladys Marcela Cárdenas Granados, quien fue sancionada con exclusión del ejercicio de la profesión, en una decisión proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura el 30 de septiembre de 2015 y ratificada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 9 de noviembre del año pasado.
A la abogada Cárdenas Granados se le investigó luego de que le ofreciera a una persona la posibilidad de adquirir un inmueble que iba a ser rematado dentro de un proceso judicial, por la suma de 100 millones de pesos. A la víctima, la abogada le pidió $85 millones y le dijo que en 45 días le entregaba la casa. Sin embargo, Cárdenas nunca entregó el inmueble y a pesar de que luego se comprometió a comprarle otra casa a la víctima, nunca lo hizo, quedándose con el dinero. Este hecho le valió a la abogada la exclusión del ejercicio de su profesión.
“En términos coloquiales, nunca va a poder ejercer nuevamente, es decir, le toca estudiar otra cosa, porque el título de Derecho ya no le sirve para nada”, señaló una fuente de la Judicatura.
Adriana Lucía Navarro Canonigo es otra abogada que también fue sancionada con la suspensión en el ejercicio de su profesión por el término de 2 años, luego de que fuera descubierta ejerciendo mientras cumplía otra sanción que le había sido impuesta en el pasado.
Y es que Navarro, según consta en los archivos de la Judicatura, ha sido sancionada 3 veces más: con un año sin poder ejercer, más una multa, desde el 18 de mayo de 2011, hasta el 17 de mayo de 2012; con seis meses más sin trabajar como abogada desde el 8 de mayo, hasta el 7 de noviembre de 2014; y, finalmente, entre el 12 de abril y el 11 de septiembre de 2015.
