Promediando el siglo pasado, la jerarquía católica era el verdadero poder en el país. Gobernadores y alcaldes debían rendirse a sus exigencias so pena de ser excomulgados o sometidos al escarmiento de la picota pública ante sus conciudadanos, razón por la que muchas veces se veían abocados a renunciar, cuando no a exiliarse, aunque voluntariamente, sí a condición de no ser estigmatizados por sus posiciones contrarias a los ordenamientos de la Iglesia o de sus representantes.
La masonería tiene una larga historia en el desarrollo de las comunidades desde tiempos inmemoriales. Tal vez sea su influencia en el progreso de los pueblos lo que le ha motivado enemistades y animadversiones, como fue el caso de la Iglesia Católica que la condenó al ostracismo desde hace casi trescientos años.
A raíz de un caso sucedido en la ciudad de Pamplona en la que se vio involucrado un miembro de la masonería, que posteriormente fuera un reconocido profesional de la educación en el departamento, antes de iniciar la crónica, les contaré una de mis experiencias sobre este tema. En el año 1963, un profesional extranjero que había sido iniciado en una de las Logias Masónicas de la ciudad, me solicitó le tradujera del francés unos documentos que serían presentados en uno de los actos litúrgicos de esa fraternidad. Ese manuscrito mencionaba una investigación realizada en la Biblioteca Vaticana sobre la encíclica “IN EMINENTE” del Papa Clemente XII, dada el 28 de abril de 1738 y que según sus propias palabras decía: “Hemos resuelto y decretado condenar y prohibir ciertas sociedades, asambleas, reuniones, convenciones o sesiones secretas, llamadas francmasónicas o conocidas bajo alguna otra denominación. Las condenamos y las prohibimos por medio de esta Constitución, la cual será considerada válida para siempre. Recomendamos a los fieles abstenerse de relacionarse con dichas sociedades...para evitar la excomunión, que será la sanción impuesta a todos aquellos que contravinieren esta orden.”
Pues bien, las pesquisas consignadas en el documento en mención, concluían que la encíclica no había sido firmada por el pontífice, probablemente por olvido o por descuido o por ambas. No es de extrañar esta situación, pues a la edad que tenía entonces el Papa y a sus conocidos quebrantos de salud, es muy posible que esta obligación haya sido omitida y en razón a ello, todo el andamiaje tendido en torno a las prohibiciones en torno a la masonería nunca tuvo “el soporte legal como dicen los abogados”. Y pareciera que esto fuera cierto, toda vez que solamente en 1917, se introdujeron en el Código de Derecho Canónico los siguientes cánones:
Canon 542, que negaba a los Masones el derecho a entrar en un noviciado.
Canon 693, que negaba a los Masones el derecho a inscribirse en asociaciones de creyentes.
Canon 1240, que denegaba a los Masones el entierro católico.
Canon 1453, que negaba a los Masones el derecho a apoyo por parte de la Iglesia.
Canon 1065, que negaba a los Masones el derecho al matrimonio católico.
Canon 2334, que confirmaba la excomunión de los católicos masones promulgada por Pio IX en la encíclica Apostolicae Sedis.
Canon 2335, que confirmaba la excomunión de aquellos que se inscribiese en sectas Masónicas o similares que maquinasen contra la Iglesia o los poderes civiles legítimos. Para que este canon fuese aplicable, el sujeto debía estar inscrito en los registros de dicha asociación, que debería estar nítidamente enfocada a fines sediciosos y anticlericales.
Canon 2336, que añadía penas adicionales a los clérigos o religiosos que perteneciesen a la masonería, entre ellas la suspensión y la prohibición de impartir doctrina.
Dicho lo anterior pasamos a los sucesos de Pamplona. Recién comenzaba el año escolar, la noticia cayó como una bomba en la fría y culta Pamplona. Un masón había sido nombrado en el magisterio del departamento. Los padres de familia, se leía en los periódicos locales, “ignoraban semejante atentado contra la fe cristiana” y se le exigía al Director de Educación, su inmediata destitución. Por otro lado, la masonería de Pamplona defendía al maestro José Isachar Parada Caycedo, profesor de la Escuela Modelo de Varones, quien además dirigía la Escuela Nocturna de Artesanos y Obreros, institución auspiciada por las logias masónicas de Pamplona y director además, de la revista “Samael” órgano informativo de la masonería de esta ciudad.
Apenas se tuvo conocimiento del nombramiento, el obispo Afanador y Cadena, solicitó al gobernador su remoción o traslado a la ciudad de Cúcuta, con el argumento que era “masón y que para la diócesis era un grave delito que lo incapacitaba para seguir prestando sus servicios en el ramo educativo.” En su defensa los hermanos masones enviaron al gobernador Alfredo Lamus Girón una nota de protesta por el atropello en contra de uno de sus miembros más prestantes, cuestionando la posición del prelado y manifestando que se trataba de “un desafío a la masonería universal y que constituía además, una peligrosa teocratización de la enseñanza profana.”
La misiva enviada por la logia Estrella de Pamplona, fue considerada un verdadero insulto por el obispo Afanador y en respuesta, les escribió que “como pastor de la Iglesia, su deber era vigilar por su doctrina excluyendo a los enemigos de Dios de cargos tan delicados como los de dirigir a la niñez por los caminos de la fe y la virtud.”
El hecho es que el docente fue trasladado a la capital del departamento y a pesar de las presiones que hiciera el clero local para continuar con la controversia, ésta no se dio, no obstante la solicitud de “una campaña eficaz contra semejantes adefesios perfectamente intolerables dentro de una sociedad católica.”
En Cúcuta, José Isachar Parada tuvo un brillante desempeño en sus funciones académicas y como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Artesanos Gremios Unidos hasta su jubilación.
Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com
