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El colapso de una mina ilegal en Venezuela en tres claves
Especialistas denuncian un “ecocidio” por la proliferación de la minería ilegal.
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AFP
AFP
Viernes, 23 de Febrero de 2024

Al menos 16 muertos y 11 heridos dejó el colapso de una mina de oro en una rica y aislada región del sur de Venezuela, donde especialistas denuncian un “ecocidio” por la proliferación de la minería ilegal.

La tragedia
El desastre ocurrió el martes en la mina “Bulla Loca”, a siete horas de navegación por río de La Paragua, en el estado Bolívar, la población más cercana, a donde han llevado los cuerpos hallados desde que empezaron al día siguiente las operaciones de rescate.


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Un video divulgado por las autoridades muestra a decenas de mineros que trabajaban en la cantera a cielo abierto y que salen disparados cuando un alud de tierra les cae encima, tragándose a varios. “Se abrió un hueco y se desplomó a una profundidad de 30 metros por 100 metros de largo”, dijo el presidente Nicolás Maduro la noche del miércoles.

La ONG SOS Orinoco, que denuncia un “ecocidio” en la zona, registró 54 muertos en 17 incidentes mineros entre 2017 y 2022 en los estados Bolívar y Amazonas. Su fuente, a falta de datos oficiales, son reportes de la prensa local. En diciembre pasado, 12 personas murieron tras el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú, en Bolívar, donde días antes había ocurrido un colapso parcial sin fallecidos.

“Son espacios de extracción que carecen de la ingeniería necesaria. Se explotan bajo procesos artesanales” y por ello “aumentan las probabilidades de derrumbes e inundaciones”, dijo Eumelis Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en la región.

Los mineros, agregan, son sometidos a prácticas “análogas a la esclavitud moderna”. “Esta es una tragedia, pero detrás de ella vendrán más porque ya están antecedidas por otras”, lamenta el exdiputado opositor Américo De Grazia, quien ha denunciado por años casos de minería ilegal.


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El balance
El viceministro de Seguridad Ciudadana, mayor general Carlos Pérez Ampueda, actualizó el saldo de fallecidos a 16 en un último balance oficial. El número de víctimas fue revisado a la baja por el gobierno nacional, luego de un balance provisional de una autoridad local que reportaba 25 fallecidos. Dirigentes como De Grazia sostienen que el número podría ser mayor. 

Los cadáveres fueron llegando a La Paragua en barcas que enfrentan problemas para acceder a combustible, irónicamente escaso en la región. Un equipo élite de rescate de Protección Civil viajó desde Caracas para atender la emergencia. Maduro dijo que dos helicópteros fueron puestos al servicio de las tareas de salvamento.

El modelo
Maduro creó en 2016 el Arco Minero del Orinoco, área de casi 112.000 km2 cuadrados con reservas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán, para su explotación. El modelo, que buscaba complementar la menguada renta del petróleo, abrió la puerta para operaciones ilegales que se han expandido por todo el sur de Venezuela, sostiene Cristina Burelli, de SOS Orinoco.

“Lo hemos denunciado sistemáticamente desde el 2018”, dijo a la AFP Burelli. “La respuesta ha sido negarlo, primero, y a partir del 2022 empezaron las operaciones militares”. La Fuerza Armada informó que en el último año fueron desalojados unos 14.000 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, pero Burelli califica esos despliegues de “show mediático”. 

El último reporte de SOS Orinoco, de hecho, estima que la minería ilegal ha repuntado. “No se ha logrado refrenar, al contrario se ha agudizado”, coincide Moya. Todo ello con un alto impacto ambiental. 


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“El envenenamiento de las aguas con cianuro y con mercurio afecta no solamente a las poblaciones indígenas”, sino a “ríos que alimentan presas y tomas de agua en las ciudades” de la región, subraya De Grazia. Activistas denuncian además que guerrilleros colombianos y bandas criminales han tomado las áreas mineras y, en muchos casos, acusan a militares de “complicidad”.

“Son territorios ocupados por el ELN, por disidentes de las FARC, por los ‘pranes’ (jefes criminales) que hacen suya la zona y establecen un mecanismo de terror”, denuncia el exlegislador.


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