Indígenas se trenzaron en nuevos y cada vez más violentos choques con la fuerzas de seguridad este viernes en Quito, en el décimo día de protestas contra los ajustes económicos pactados por el gobierno de Lenín Moreno con el FMI. 

Después del llamado de los líderes a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió un rebrote de la violencia que ya deja cinco muertos y casi 2.000 heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la sede Legislativo, que había sido asaltada brevemente por los indígenas el martes, y en otro punto céntrico de Quito. 

Los manifestantes lanzaron piedras y pirotecnia a los uniformados que respondieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines avanzaron sobre encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera. 

“¡Asesinos!”, gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados cuando pretendían concentrarse en el coliseo Ágora, donde está reunida la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lidera la protesta.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de indígenas de la Amazonía armados con lanzas. “Aquí se están violando los derechos humanos”, dijo enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Fotógrafos de la AFP registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la Asamblea Legislativa.

El jueves la dirigencia aborigen canceló los contactos que a instancias de la ONU y la Iglesia católica pretendían acercar posiciones con el gobierno, en busca de una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios del combustible y la consecuente alza de los precios hasta en 123%. El descontento social con sus reformas económicas sumió en el caos a Quito e interrumpió el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.

Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos. La Conaie exige que los ajustes sean derogados.