Antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto se presentaba como un gran reformador, que era capaz de regresar al poder a un PRI más transparente, pero lejos de ese escenario, cierra su mandato marcado por escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Apodado por su equipo de campaña como el “Luis Miguel” de la política porque las mujeres se desgañitaban en sus mítines como si fuera el cantante mexicano, el joven -ahora de 51 años- prometía un nuevo Partido Revolucionario Institucional, cuyos 71 años de gobierno previos al 2000 estuvieron manchados de corrupción y abusos.

Los primeros 20 meses de su gestión estuvieron marcados por la aprobación de reformas de gran calado que pasan por casi todos los ámbitos de los 120 millones de mexicanos que ha gobernado, desde el laboral hasta el fiscal.

Dos son emblemáticas: la energética, que abrió ese sector a la iniciativa privada, y la educativa, por la que todos los maestros del sector público están sometidos a exámenes, a pesar de las continuas protestas de docentes sindicalizados, que en algunos casos se tornaron violentas.

También se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con el que en teoría habría elementos para exigir una mayor transparencia gubernamental, sin embargo organizaciones civiles han denunciado una falta de voluntad política para darle recursos e independencia.

En medio de esas trabas, a Peña Nieto le explotaron varios follones.

Uno de los que permanece más frescos en la memoria de los mexicanos es el episodio llamado “Casa Blanca”.

Se remonta a 2014 cuando una investigación periodística reveló que la primera dama, Angélica Rivera, la actriz también conocida como “Gaviota”, había comprado una casa de unos siete millones de dólares en un exclusivo barrio de la capital a un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto.

“Ese ha sido uno de muchos escándalos que muestran que si no el presidente mismo, sí quienes lo rodean se han caracterizado por el tráfico de influencias, por la entrega de contratos a los amigos, por la corrupción en suma”, opina Sergio Aguayo, investigador del prestigioso Colegio de México.

El presidente también ha estado envuelto en críticas por la gran cantidad de gobernadores de extracción priista que enfrentan procesos judiciales, ya han sido procesados o están bajo sospecha o prófugos, los mismos con los que se tomó una publicitada foto al inicio de su mandato.

Uno de ellos es el encarcelado exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de corrupción y desaparición forzada. Peña Nieto lo presentaba como uno “de los nuevos políticos priistas que hacía las cosas diferentes”.

La última fuga del legendario capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de una cárcel de máxima seguridad por un túnel con rieles adaptados para una motocicleta, fue otro de los capítulos vergonzosos de su presidencia.
   
Pasando por Ayotzinapa 

La seguridad y la protección de los derechos humanos formaron parte de las principales promesas de campaña de Peña Nieto, pero terminaron por resquebrajarse y varias veces se ha visto contra las cuerdas en este terreno.

El presidente “ha sido un fracaso absoluto. Hay un raro consenso en México en torno a un hecho, la política de Peña Nieto para controlar la inseguridad fue un fracaso”, enfatiza Aguayo.

El año pasado cerró con la cifra récord de 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que iniciaron los registros a nivel nacional en 1997.

El 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes de la escuela para maestros rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron después de ser atacados por sicarios y policías corruptos que se los llevaron y presuntamente los entregaron al cártel Guerreros Unidos.