La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó este jueves un proyecto de ley para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos.
El pleno del Senado deberá ahora aprobar la ley, pero aún no está claro si lo hará el jueves, el último día de actividades antes de que los senadores inicien un receso hasta mayo.
El senador republicano Marco Rubio dijo a The Associated Press tras la sesión que espera que el proyecto se apruebe con celeridad y aseveró que "la Casa Blanca nos ha dicho que lo va a firmar".
Rubio explicó a AP que a cambio de extender las sanciones a funcionarios venezolanos retirará su objeción a que el Senado en pleno confirme a Roberta Jacobson como embajadora estadounidense en México.
El presidente Barack Obama postuló en junio de 2015 a Jacobson como embajadora en México, pero Rubio retuvo la candidatura pese a que la comisión de Relaciones Exteriores del Senado la aprobó en octubre.
El senador republicano Jeff Flake dijo la víspera que la confirmación de Jacobson podría ocurrir esta semana. El Senado en pleno debe votar para confirmar la postulación de embajadores, siempre que ninguno de los 100 miembros lo objete.
Rubio dijo a AP que "no había suficiente prioridad sobre este tema (Venezuela). Tuvimos que usar otro tema que sí le importaba a la Casa Blanca para que hubiera prioridad sobre el tema de Venezuela y lo conseguimos".
Washington ha congelado activos en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos en el marco de la ley sancionada por la administración de Barack Obama, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016.
Rubio justificó la necesidad de extender la ley porque "la situación en Venezuela está empeorando y desafortunadamente podemos esperar más violaciones de derechos humanos".
El diputado venezolano Luis Florido, integrante de una delegación de legisladores opositores que visita la capital estadounidense, evitó pronunciarse directamente sobre el proyecto de ley por considerar que es una "acción soberana" del Senado estadounidense y su gobierno.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en la OEA agregó que "ni los violadores de derechos humanos ni los corruptos en el mundo deben tener ningún paraíso. Si por la corrupción muere gente por falta de medicamentos, entonces esos deben ser delitos perseguidos en cualquier parte del mundo".
Washington | AP
