~Siempre, el delito político, es decir, aquel que se comete en defensa de una idea o en procura de un objetivo político, ha sido considerado de manera diferente: a veces muy grave, pero objeto de perdón o de olvido o de indulto. O, penado menos duramente que si no hubiera la razón política.~ Siempre, el delito político, es decir, aquel que se comete en defensa de una idea o en procura de un objetivo político, ha sido considerado de manera diferente: a veces muy grave, pero objeto de perdón o de olvido o de indulto. O, penado menos duramente que si no hubiera la razón política.

Hace algunos años, el Movimiento 19 de Abril (M-19) fue beneficiado con una ley de amnistía (perdón y olvido), que les valió a todos los guerrilleros regresar a la vida civil sin problemas e incluso dedicarse a la actividad política normal, en la que algunos han sido muy exitosos.

Esta vez, el gobierno ha planteado la posibilidad de que el narcotráfico, un delito que ha marcado la vida de Colombia desde hace por lo menos 40 años, pueda ser tenido como conexo de un delito político, porque declararlo así puede allanar ciertos obstáculos que no permiten un acuerdo más pronto en las conversaciones de paz de La Habana.

La propuesta es sencilla, aunque difícil de entender por todos: declarar y tratar el narcotráfico como un delito conexo al delito político, con el fin de facilitarles a los jefes de las Farc con cargos de drogas de participar en actividades políticas al terminar la guerra, pero luego de ir a la cárcel a pagar condena por sus actividades en la guerra subversiva.

Para algunos, no es fácil de entender una propuesta que en apariencia suaviza los criterios que han rodeado al tráfico de drogas, pero si el propio homicidio ha sido tratado como delito conexo con el delito político, ¿por qué no el narcotráfico, o por qué no otras conductas delictivas? Sólo se necesitan lógica jurídica, voluntad política, y tener mucho cuidado.

La lógica lleva a la convicción de que se tiene que ser coherente con las ideas que enmarcan las conversaciones con las Farc en La Habana, que pretenden, según se pactó al comienzo, facilitarles a los guerrilleros la actividad proselitista cuando se reintegren al seno de la sociedad civil.

Y si el narcotráfico es un obstáculo para cumplir con el acuerdo y lo relativo a esa posibilidad de la política, pues hay necesidad de removerlo. Y la mejor forma parece ser la de considerar que puede ser un delito conexo con la rebelión, por ejemplo.

Desde luego, la idea es una propuesta que avanza. Pero es de prever que generará más resistencia que si se planteara la posibilidad de que a los guerrilleros se les perdonen todos los delitos de lesa humanidad. Y la razón tiene que ver con la convicción de que ha sido el narcotráfico el causante de más dolor en Colombia que otras formas de delito y de violencia.

En este aspecto hay que tener voluntad política, tanto para permitir que el gobierno avance en su proyecto, como para respaldar el acuerdo de paz que eventualmente será firmado en Cuba, probablemente antes de lo calculado por los pesimistas.

Finalmente, la idea del narcotráfico como delito político conexo debe tratarse como con pinzas quirúrgicas, para impedir que, por precipitud o por la razón que sea, se cometa un error lamentable que pueda convertirse en puerta por la que entren y salgan quienes se han dedicado a esa actividad criminal solo por enriquecerse, o quienes, en una serie de delitos conexos, hayan traficado con drogas como actividad delictiva predominante.

La idea actual tiene un marco de aplicación muy limitado, excluyente, relativo solo a la necesidad de facilitarles a los guerrilleros de las Farc su dedicación a actividades políticas proselitistas. Nada más.

Eso al menos, es lo que se desprende de las declaraciones de altos funcionarios del Estado, como Yesid Reyes, el ministro de Justicia.