Una difícil situación atraviesa campesinos en la zona de frontera entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander, ante la reorganización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos en el municipio de Ocaña.

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A raíz de un litigio limítrofe que data del año 2007, cuando de manera inconsulta las cartas catastrales fueron segregadas, los habitantes de algunas veredas pasaron de la noche a la mañana a otro territorio, afectando los servicios en materia de educación, salud y programas agropecuarios, manifestó el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Nuevo Amanecer, del corregimiento Agua de la Virgen, Héctor Jorge Navarro Sánchez.

Ahora, con la actualización del Sisbén, se verifican los datos y no aparecen en ninguna parte los beneficiarios. Empiezan los dolores de cabeza para acceder a los distintos programas del gobierno nacional, reiteró el vocero comunal.

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“A nosotros nos trasladaron de manera inconsulta y arbitraria para otro departamento, sin tener en cuenta la tradición, el arraigo y el ordenamiento territorial. Con los ajustes quedamos por fuera de las políticas sociales del Estado. No es justo”, exclamó Navarro.
 

Urge una pronta solución 

El zootecnista, José Luis Amaya Pérez, director de la oficina de Desarrollo Rural de Ocaña, indicó que la situación es bastante compleja, ya que, en la nueva cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, los predios aparecen en el departamento del Cesar y se debe definir el deslinde (Determinación de los límites de los terrenos).

El mandatario local, Samir Casadiego, en reiteradas ocasiones ha solicitado a la gobernación de Norte de Santander solventar ese conflicto limítrofe para evitar traumatismos entre la población. 

Igualmente, se ha solicitado al Departamento Nacional de Planeación, DNP, un certificado para flexibilizar los trámites de las encuestas a través de los Dispositivos Móviles de las capturas de las informaciones.
 
El Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, en el año 2013 adelantó el censo nacional agropecuario con la cartografía del IGAC, sin tener en cuenta el diferendo limítrofe. Luego el censo poblacional del 2018 y posteriormente la actualización del Sisbén. Esos ajustes generan efectos colaterales en los programas sociales como Familias en acción y Adulto Mayor que se manejan con la base de datos del Sisbén, agrega Amaya.

Aunque no se tiene un cálculo preciso, se estima unas 750 personas afectadas que componen un núcleo de 200 familias de la zona rural de los corregimientos de Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen, Buenavista y Aguas Claras, ya que fueron segregadas unas 10 mil hectáreas.

“Es una batalla jurídica de hace 15 años y ahora se sienten las repercusiones. Algunos ya perdieron las esperanzas y están cansados de luchar por los derechos adquiridos”, agregó el director de la Oficina de Desarrollo Rural.

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Sin embargo, la administración municipal busca mecanismos para solventar la situación que genera un conflicto social.
 

Una larga espera

Unos mil campesinos han esperado durante varios años una solución a los problemas limítrofes presentados entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander.
 
A pesar de las audiencias públicas para analizar el deslinde, los abogados no han podido restablecer los derechos violados por   la nulidad de las cartas catastrales de algunos predios de la zona rural del municipio de Ocaña, para anexarlas al departamento del Cesar lo que genera un conflicto socioeconómico.

El deslinde de la totalidad de la línea limítrofe con el vecino municipio de Río de Oro se ve reflejado en la cartografía trazada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual tiene grandes implicaciones, ya que los agricultores aparecen en la configuración del último Censo Nacional poblacional efectuado en el año 2018 como ciudadanos del otro ente territorial.
 
El profesional del derecho, Diego Andrés Jácome Vergel, ganó el proceso como propietario de la estación de combustibles Caracolí, Jorge Eliécer Manosalva Durán, pero la medida de la restitución de los derechos no cobija al resto de los labriegos de la zona.

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Ese litigio surgió en el año 2006 y un lustro después el Instituto Geográfico Agustín Codazzi trasladó de manera inconsulta las cartas catastrales y la única demanda salió favorable en el 2018, cuando el Tribunal Administrativo del Norte de Santander determinó la nulidad por algunas inconsistencias.

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