A pesar de los operativos adelantados por las autoridades consumidores de droga en su afán de conseguir los alucinógenos proceden a desmantelar las redes de comunicación en diferentes barrios de Ocaña.
El tramo más crítico es el puente de las Llanadas donde proceden a hurtar los cables de telefonía, sistemas de alarmas y cámaras de seguridad para quemar el caucho y extraer el bronce.
Vecinos de los sectores aledaños denuncian a los jíbaros camuflados como recicladores que llegan en las horas de la madrugada para el trueque de las piezas robadas por droga.
Los moradores de las viviendas cercanas solicitan a las autoridades acciones contundentes para llevar a las personas que pernoctan debajo del puente hacia un centro de rehabilitación y garantizar la seguridad a los transeúntes.
El secretario de Gobierno, abogado Jaime Velásquez Salamanca, ordena operativos especiales para detectar los sitios donde se compran los elementos hurtados, imponer multas y acabar con esa práctica.
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Igualmente, se avanza en la caracterización de las personas con el fin de brindar el tratamiento en los centros de rehabilitación y en la ruta de atención garantizar el retorno a los hogares. Aquellos que no tengan la residencia cercana se les ofrece los pasajes para que se vuelvan a lugares de origen.
Incontrolable fenómeno social
El personero de Ocaña, abogado Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, hace el acompañamiento al proceso de caracterización de las personas en condición de calle que viven debajo de los puentes.
“Es una situación afecta la salubridad pública, ya que esos habitantes de residencia no formal afectan el ambiente donde se asientan para convivir. A través de la oficina de salud pública se adelanta las brigadas de atención a esa población”, agregó.
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El defensor asegura que los centros de rehabilitación reciben pacientes de distintas partes del país y cuando terminan el tratamiento, infortunadamente las EPS no direccionan las rutas para el retorno a sus hogares, sino que los dejan a la deriva.
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