Un encuentro con personeros, enlaces municipales e integrantes de las mesas de víctimas se desarrolló, hasta ayer, en Ocaña para establecer un diagnóstico en materia de derechos humanos en la zona del Catatumbo.
En la cumbre, en el Club Tarigua, se analizaron a fondo el fenómeno de la violencia y las estrategias para el restablecimiento de los derechos fundamentales de los habitantes.
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Expertos en la materia expusieron las políticas públicas en la búsqueda de una atención más efectiva por parte del Estado.
Judith Maldonado Mujica, coordinadora regional de la Unidad de Víctimas, indicó que el objetivo fue cualificar los saberes de personeros, enlaces municipales y representantes de las mesas de la población, así como los planes de trabajo, acción, servicios y asistencia que desarrolla en las distintas regiones.
Igualmente fortalecer la capacidad de respuesta en municipios, para la garantía del mínimo vital, ante un eventual hecho victimizante masivo.
También, promover el cumplimiento de autos de seguimiento en inmediatez a la Sentencia T-025 (2004) de la Corte Constitucional, las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Víctimas y el Ministerio Público en aquellos municipios afectados por desplazamiento forzado, confinamiento y actos terroristas, entre otros.
Asimismo, mejorar la respuesta de las entidades territoriales con identificación del riesgo y capacidades locales de respuesta a emergencias humanitarias, en relación con: oportunidad, adecuación y pertinencia, coordinación y completitud para la entrega de atención y ayuda humanitaria inmediata.
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El ciclo de capacitación estuvo dirigido a los entes territoriales de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, Ábrego, Tibú, Cáchira, Bucarasica, La Esperanza y Sardinata.
Las rutas de atención
Maldonado Mujica brindó la asesoría técnica y jurídica para el fortalecimiento de las capacidades para un seguimiento a la política pública.
Las mesas de víctimas corresponden al espacio de representación legítima, los enlaces tienen la obligación del seguimiento y los personeros como parte del ministerio público tiene varias facultades en el acompañamiento para buscar soluciones conjuntas.
También se explican los canales de atención en tiempo real, validar fechas, jornadas y lugares para socializar las responsabilidades y articulación frente a los sujetos de reparación colectiva encaminados al retorno y la reubicación. Los funcionarios orientaron sobre la ruta para la reparación individual para que conozcan los mecanismos, procesos y estudios técnicos para la elección de las mesas de participación entre el 20 de agosto al 10 de septiembre.
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Jacqueline del Carmen Mejía Galván, coordinadora de la Mesa de Víctimas de El Tarra, manifestó que se encuentran en una calma aparente, mientras avanzan procesos de reconciliación.
“Tenemos muchas esperanzas que los diálogos lleguen a un feliz término con los grupos al margen de la ley, especialmente con el Eln uno de los actores más fuertes en la región del Catatumbo”, precisó.
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