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Pamplona
Suspendida nueva audiencia en caso del alcalde de Pamplona
El mandatario se encuentra bajo prisión domiciliaria desde octubre del año pasado.
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Miércoles, 21 de Marzo de 2018

La solicitud que este martes iba a hacer la defensa del alcalde de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras, para que se le concediera la libertad por vencimiento de términos quedó en veremos, toda vez que la diligencia tuvo que ser suspendida hasta nueva orden.

La razón: algunos cambios que se presentaron entre los abogados que vienen asumiendo el caso tanto del mandatario, como de su secretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero Basto.

La decisión la tomó la jueza Segunda Penal Municipal, Marlen Jácome Jaimes, después de leer un documento firmado por el alcalde Contreras, en donde le daba poder al abogado Álvaro Luna Conde, para que ejerciera su defensa en la diligencia, pero quien finalmente no pudo estar presente.

Este martes también se pidió revocar el poder al apoderado de apoyo que estaba acompañando la defensa del suspendido gobernante de los pamploneses, pues en adelante esa función la cumplirá el abogado Sair Contreras Fuentes.

En vista de estos movimientos, la jueza consideró que era pertinente que primero se definiera quiénes iban definitivamente a fungir como apoderados, para poder avanzar con la solicitud del vencimiento de términos.

Este recurso es con el que buscan que el alcalde y el secretario de Gobierno recobren la libertad, después de casi cinco meses de estar bajo prisión domiciliaria. Los abogados  intentan argumentar que el escrito de acusación fue presentado con posterioridad a la fecha permitida.

Como se recuerda, Ronald Mauricio Contreras y Jeiver Saith Acero, fueron capturados y puestos bajo arresto en octubre del año pasado, luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, por las presuntas irregularidades presentadas en el contrato suscrito entre el municipio y la Corporación Vida y

Progreso, el 24 de octubre de 2016, por un monto de $164 millones y que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado, la creación de proyectos productivos sostenibles.

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