En el año 2015, Campo Elías López Morón logró que una comunidad afrodescendiente ubicada en La Guajira tuviera mejores condiciones de vida. Por medio de una acción de tutela instaurada en la Corte Constitucional, este abogado hizo posible que el alto tribunal les protegiera su derecho a la vida, la salud, un ambiente sano e intimidad, al ordenarle a una compañía minera vecina que no afectara con sus actividades el bienestar de estas personas.
López Morón es una de las siete millones de personas que desde 1991 a la fecha han hecho uso de este recurso ante las autoridades judiciales, para que no se vulneraran sus derechos fundamentales.
Dado el impacto que esta decisión generó para su comunidad, es que esta es una de las tutelas que más recuerda el hoy presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien asegura que este mecanismo, el cual rige desde hace 27 años, es la garantía de que a los colombianos no se les violen sus derechos y de que exista un acercamiento entre el ciudadano y la justicia.
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No obstante, el togado aclara que si bien fueron recibidas las siete millones de solicitudes, de estas fueron admitidas y estudiadas un bajo porcentaje. Por ejemplo, durante 2017, los colombianos radicaron un total de 607.500 recursos de amparo, de los cuales tan solo el 0,25% fueron admitidas.
Linares explica que si bien se busca dar solución a todos los requerimientos de los colombianos, en la Corte Constitucional, la última instancia en materia de tutelas y cuyos fallos han sentado históricas jurisprudencias frente a diferentes temas, cada mes dos magistrados son los encargados de entrar a Sala de Revisión y verificar cuáles son los documentos que pasarán a los diferentes despachos para ser estudiados y fallados.
“Esta sala se rige por dos parámetros, son subjetivos u objetivos. La primera clasificación es si aquellos que interponen la tutela son un grupo vulnerable, población indígena o minorías. Y en el segundo carácter, revisamos si son temas novedosos y sobre el cual la Corte no ha dado algún concepto”, dijo Linares.
En este caso, el presidente de la corporación señala que no todos los casos son estudiados por la Corte debido a que en muchas ocasiones los ciudadanos abusan de dicho mecanismo, por lo que asegura que son los jueces quienes deben seguir los precedentes del alto tribunal.
“Además hay que tener mucho sentido común al momento de otorgar una tutela, porque es importante que las decisiones se puedan cumplir de manera efectiva, ya que de nada le sirve al ciudadano tener una sentencia que no se pueda llevar a la práctica”, considera el constitucionalista.
De acuerdo con el presidente del alto tribunal, las acciones de tutela son más utilizadas en lugares del país donde el ciudadano tiene acceso a entes de justicia con mayor facilidad, como en las ciudades principales. Sin embargo, aclara que “la tutela no es la panacea para resolver todos los problemas que uno tiene en la vida”.
Y aunque Linares celebra que la tutela haya llegado a tan elevado número de radicados durante estos 27 años, no desconoce que esto también es una muestra de que las entidades están fallando.
“También es un indicador de la problemática que tiene Colombia en distintas áreas como lo son la salud, el derecho de petición, la seguridad social y el debido proceso entre otras. Eso lo que muestra es que las autoridades públicas no le responden a los ciudadanos sus derechos de petición”, advierte.
¿Y si hay una reforma en la tutela?
Una vez el presidente Iván Duque comenzó su periodo de gobierno, se habló de una Reforma a la Justicia. En este caso, no solo el Gobierno Nacional consideró hacer cambios al sistema de justicia por el que se rige el país, también el partido Cambio Radical presentó su propia propuesta.
En ambas iniciativas se ha planteado la necesidad de hacer una renovación a la figura de la acción de tutela. Desde el Gobierno, por ejemplo, anunciaron que se deben “crear jueces y magistrados que se especialicen en resolver tutelas”.
Así las cosas, antes de que dicten sentencia, los jueces y magistrados tendrán que evaluar si su decisión vulnera algún derecho fundamental de alguno de los sujetos procesales.
En el caso específico del proyecto de Cambio Radical, para los miembros del partido se deben prohibir las ‘tutelatones’ para que los jueces se concentren en las verdaderas violaciones de los derechos humanos.
“Uno de los mayores atentados contra la acción de tutela ha sido su manipulación política para beneficiar a determinadas personas que colocan a miles de ciudadanos a interponer tutelas para aumentar sus posibilidades de una decisión favorable”, advierte Cambio.
En ese caso, el abogado constitucionalista Rubén Darío Henao considera que los proyectos presentados durante los últimos días, están dirigidos a tratar de cortar o recortar poderes a la acción de tutela.
Para el experto, la mayoría de tutelas lo único que buscan es reivindicar los derechos del ciudadano, por lo que aseguró que “la tutela es una acción tan importante que es imposible que la tumben. Ninguno de esos proyectos parece llegar a buen puerto”.
A la voz del constitucionalista se une la del expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, quien asegura que si la acción de tutela desaparece, “se haría nugatoria la posibilidad de que las personas pudieran reclamar mediante un procedimiento ágil y eficaz la violación de sus derechos fundamentales. En ese caso, regresaríamos a una situación como la anterior a la Constitución de 1991, en la que se proclaman los derechos, pero no establece un medio expedito ágil y efectivo para hacerlos realidad, sería un retroceso en la evolución de los derechos en Colombia”.
Por otro lado, Eduardo Cifuentes, presidente de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), coincide en que la acción de tutela es el mecanismo más efectivo para buscar la protección de los derechos.
Sin embargo, aseguró que los siete millones de radicados alcanzados esta semana, ponen de presente un espacio muy preocupante de violación y vulneración de los derechos.
“Si las personas acuden a la tutela para poner una garantía frente a una transgresión de los derechos fundamentales, por lo menos eso es un indicio de que igualmente y de manera lamentable tenemos que registrar una masiva violación de derechos fundamentales”, dice.
Pero las críticas van dirigidas también a la propia Corte Constitucional, como lo advierte el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, Manuel Fernando Quinche, quien opina que la acción de tutela se encuentra en “un ambiente de regresión promovido por los propios magistrados de la Corte Constitucional que han introducido reglas que han disminuido los estándares de protección de la gente.
En medio de este debate, lo cierto es que son más las voces que se han volcado a defender el histórico mecanismo, por lo que ni el Gobierno Nacional ni Cambio Radical la tendrán fácil en estos meses para sacar adelante su propuesta.
Las cifras
De acuerdo con la Corte Constitucional, Bogotá y Medellín es en donde se concentra el mayor número de tutelas presentadas: 31,2% en total.
Durante el 2017, en la capital del país se registraron 100.334 tutelas y en Medellín, 89.180. Mientras que Cali, que aparece en el tercer lugar, tuvo registro de 32.984 acciones radicadas.
Las cuentas reveladas por el alto tribunal también dan cuenta de que el 50,8% de las 607.500 tutelas instauradas el año pasado, es decir 308.900, fueron interpuestas por mujeres.
Los hombres presentaron 287.062 tutelas, mientras que integrantes de la comunidad LGBTI interpusieron 172.
Las entidades que recibieron el mayor número de tutelas en su contra, en 2017, fueron: la Unidad de Víctimas (122.020). Cafesalud, (44.018), Colpensiones, (21.847), Nueva EPS, (20.130) y Savia Salud, (11.886).
