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Alertan sobrecostos en un contrato de elementos de protección, en Ocaña
Con lupa revisan los contratos que se están celebrando en todo el país por parte de alcaldías y gobernaciones, para atender la emergencia.
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Jueves, 16 de Abril de 2020

Los organismos de control siguen con la lupa puesta sobre los contratos que se están celebrando en todo el país por parte de alcaldías y gobernaciones, para atender la emergencia causada por el coronavirus.

En su último reporte,  la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre uno en particular que suscribió el pasado 24 de marzo la Secretaría de Desarrollo Humano de Ocaña, por $112 millones, y cuyo objeto era el suministro de elementos de protección y prevención para la comunidad.

Al revisar en detalle el contrato de compraventa que incluía la adquisición de tapabocas comunes, gel antibacterial, alcohol, trajes antivirales, caretas para protección biológica, dispositivos para la toma de temperatura, entre otros elementos, el órgano de control fiscal detectó aparentes sobrecostos que podrían estar por encima del 41%. (Ver facsímiles del contrato)

Según la información suministrada por la Contraloría, al cotejar los precios relacionados en el contrato suscrito con la Corporación para el Bienestar Social de la Provincia de Ocaña y el departamento Norte de Santander, con los de algunas droguerías del municipio, se determinó que el valor de referencia de los productos adquiridos era en realidad de $79’719.600.

Esto quiere decir que para la entidad fiscalizadora, la administración municipal pudo haber pagado $32 millones de más, cuando había otras opciones más económicas en el mercado.

En concepto de la Contraloría General, los presuntos sobrecostos que hay en este contrato son exagerados y  en su informe los discrimina así:

-Un 197% se pagó de más en el galón de alcohol antibacterial. Según el contrato, cada galón de este producto fue adquirido por un valor de $113.000. Sin embargo, en la inspección que hizo el organismo de control, encontraron que en una droguería de Ocaña el mismo galón se podía conseguir en $38.000. 

“Como se compraron 100 unidades, se tiene un sobrecosto en este producto de $7’500.000. O sea, se compró en $11’300.000, lo que valía solo $3’800.000”, reprocha la entidad.

-Sobrecosto del 163%  en el gel para manos. La Alcaldía de Ocaña compró 20 galones de este producto en $3’413.165, cuando en una droguería de la ciudad se puede conseguir la misma cantidad en $1’300.000. “Cada galón de gel se compró por $170.658 y realmente tiene un valor de $65.000”, cuestionó la Contraloría.

-110% de más se pagó en las 100 caretas para protección biológica. Cada una se adquirió por $56.500.

-De 41% sería el sobrecosto de los tapabocas comunes, pues cada uno fue adquirido en $1.695.

El contrato suscrito por la Secretaría de Desarrollo Humano, en cabeza de Aura Stella Padilla Jaime, se hizo bajo la modalidad de contratación directa y como parte de la urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía de Ocaña para hacerle frente a la propagación del coronavirus.

Que controlen a los proveedores

El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, le salió al paso a la alerta encendida por la Contraloría General de la República frente al contrato de suministros de protección, y aseguró que en medio de la situación que se está presentando, es necesario también que haya una vigilancia sobre los proveedores, quienes son los que han disparado los precios valiéndose de la crisis.

“Nosotros estamos siendo víctimas de la especulación que ha habido en los precios. Los alcaldes tenemos a todos los entes de control encima, pero ninguno está vigilando a los que proveen los productos, que fueron los que dispararon en esta emergencia los precios de los elementos de bioseguridad”, planteó.

El mandatario contó que cuando se desató la emergencia por el coronavirus, la Alcaldía se encontraba en pleno funcionamiento y para garantizar la protección de los empleados, se ordenó la compra de los 20 galones de gel antibacterial.

“En ese momento se compró una marca llamada Supragel, que es un gel de alta calidad, que se utiliza en las salas de cirugía, porque no había más en el mercado. Ese gel se compró en un valor de $170.000 y tiene un precio comercial de entre $148.000 y $150.000. Lo que hay que advertir también,  es que todas las compras públicas tienen unos impuestos, por las estampillas y otros recargos”, manifestó Casadiego.

El alcalde aseguró que prueba de que han sido afectados por la fluctuación de precios, es que posteriormente adquirieron otros 100 galones de gel para dotar a la Fuerza Pública, a las instituciones que están trabajando y a la comunidad, $60.000 más económico.

“La Contraloría manifiesta que preguntaron los precios en dos droguerías de la ciudad, y  yo esta mañana (ayer) oficié desde el despacho a las dos droguerías y tengo la certificación de que ellos no comercializan esa marca de los productos que nosotros adquirimos”, manifestó el alcalde en su defensa.

Reconoció que el error por parte de la administración pudo haber sido no señalar la marca de los productos en el contrato, con el fin de que se pudieran hacer los comparativos con base en estas mismas referencias. 

Sin embargo, aseguró que está tranquilo y listo para hacer las respectivas aclaraciones a la Contraloría, pues cuenta con toda la evidencia, los formatos de las compras, cotizaciones,  facturas y demás pruebas para ejercer su defensa.

“Aquí el verdadero acto de corrupción, si así se le quiere llamar, es de los proveedores. Si tengo una alcaldía con más de 100 funcionarios y me están pidiendo elementos de protección, salgo a comprar  y lo único que hay en el mercado es eso, pues lo compro”, sostuvo.

El gobernante de Ocaña se mostró confiado de que podrá revertir la alerta del organismo de control, pero dijo que espera que “cuando la Contraloría entre a revisar el contrato, también saque un comunicado manifestando que no había tales actos de corrupción”.

Este es el segundo contrato que queda bajo la mira de los organismos de control en Norte de Santander. La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez, por un contrato de $58 millones, para la elaboración de un libro sobre la historia del centro médico, en plena emergencia sanitaria.

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