Una vez más, la esperanza de que el trabajo de los presidentes de las Juntas Administradoras Locales (JAL) pueda ser reconocido mediante honorarios, se abre camino en el Congreso de la República.

La plenaria de la corporación aprobó, la semana pasada, en segundo debate, el proyecto de ley mediante el cual se busca autorizar el reconocimiento por parte de los alcaldes, de una remuneración para los ediles de los diferentes municipios.

La iniciativa es impulsada por los senadores Doris Clemencia Vega, Fernando Tamayo, Manuel Enríquez Rosero, Horacio Serpa y Carlos Fernando Motoa, quienes han insistido en la necesidad de hacerles un reconocimiento económicos a estos funcionarios, elegidos por voto popular, y quienes están sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que les impide poder ejercer otro cargo para devengar un sueldo, o celebrar contratos a nombre propio.

“No nos ha sido fácil convencer al Gobierno Nacional y a algunos congresistas de la necesidad de fortalecer estos órganos corporativos que hacen parte del Estado. Entendemos que esta norma genera un costo económico cuando igualmente se está necesitando mayor inversión social en el país y existe la escasez de presupuesto en los municipios. Sin embargo, hemos logrado avanzar en el Senado con este proyecto porque se ha ido conciliando una fórmula que no genere tanto desgaste financiero a los entes territoriales”, manifestó la senadora y coordinadora ponente del proyecto, Doris Vega.

Según la ley, los miembros de las Juntas Administradoras Locales, salvo los que pertenezcan a los Distritos Capital y Especiales, no tienen derecho a una remuneración por su trabajo ni pueden recibir directa o indirectamente pago o contraprestación alguna con cargo al tesoro público del respectivo municipio.

Por esta razón, desde hace varios años, estos servidores vienen dando la batalla por lograr que su función no sea solo ad honorem, sino que puedan gozar de  algún reconocimiento económico.

Ante el Congreso ya se han presentado varios proyectos de ley en ese sentido, pero hasta ahora ninguno ha prosperado.

La Opinión