La Sección Primera del Consejo de Estado zanjó ayer las diferencias que habían surgido por cuenta de las dos demandas que existen contra el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que permitió al Gobierno y a la guerrilla de las Farc iniciar las conversaciones de paz en La Habana (Cuba), en el 2012.

Aunque existía inquietud sobre la competencia que tenía la Corte Constitucional para estudiar la solicitud del exfiscal Eduardo Montealegre, quien pidió que dicho acuerdo debía ser elevado al rango de especial, el Consejo de Estado consideró finalmente que no hay lugar a promover un conflicto de competencias.

En su lugar, anunció que le dará prioridad a la demanda que presentó el ciudadano Tomás Javier Oñate, en contra de la Resolución 339 de 2012, por la cual el presidente de la República, Juan Manuel Santos, autorizó la instalación de la mesa de diálogos con las Farc.

Proceso que, consideraron, es diferente al de Montealegre.

La Opinión