Superada la elección de Congreso y Presidencia de la República, el país se empieza a preparar para una nueva e inédita contienda democrática que se celebrará el próximo 26 de agosto  en todo el territorio nacional.

Se trata de la Consulta Anticorrupción promovida por el partido Alianza Verde y mediante la cual se busca preguntarles a los colombianos si están de acuerdo o no con una serie de medidas para ponerle freno y regular algunas prácticas que afectan el erario de los colombianos.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de cuatro millones de personas, ya fue convocada por el presidente Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 1028, en el que se dan a conocer las siete preguntas que deberán responder los ciudadanos que acudan a las urnas y los aspectos relacionados con la campaña de promoción.

El miércoles, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el Gobierno expidió una circular dirigida a los alcaldes y gobernadores para que diseñen y promuevan las estrategias de participación ciudadana en la consulta popular. 

El jefe de la cartera política anunció, igualmente, que con la entrada en vigencia del decreto de convocatoria queda abierta la campaña para promover este mecanismo de participación, hacer publicidad e inscribir los comités que impulsarán el ‘Sí’ y el ‘No’.

Por su parte, las promotoras de esta iniciativa, las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, insistieron en la importancia de salir a votar esta propuesta, con la que se pretende meter en cintura a los corruptos.

“Todos estos mandatos no son retroactivos y se volverán obligatorios única y exclusivamente después de que sea aprobada la Consulta. Todos son indispensables para pegarle en el corazón a la corrupción, para derrotar todas esas malas prácticas que hoy nos está robando 50 billones de pesos al año”, señaló Lozano.

Para conocer un poco más de qué se trata esta nueva contienda que solo tiene como antecedentes los referendos que se promovieron durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el plebiscito por la paz de 2016, La Opinión resuelve algunas de las principales preguntas sobre la iniciativa que se votará en dos meses.

¿Qué votarán los colombianos el 26 de agosto?

Siete preguntas que ya fueron aprobadas por el Congreso y que se constituirán en un mandato contra la corrupción. 

¿Quiénes podrán participar en esta elección?

Todos los colombianos que tienen inscrita su cédula y que figuran en el censo electoral.

¿Cuántos votos se necesitan para que la consulta sea válida?

El 33% del censo electoral, es decir, un poco más de 12 millones de votos. 

¿Y para que sean avalados los siete mandatos?

Cada una de las siete preguntas deberá recibir, mínimo, 6’130.000 votos por el ‘Sí’, es decir, la mitad más uno de los sufragios válidos depositados.

¿Se podrá hacer campaña para promover la consulta?

Sí. El Decreto 1028 expedido por el presidente, convocando la Consulta Anticorrupción, señala que a partir de su vigencia, es decir, desde el 18 de junio, se podrán desarrollar campañas a favor y en contra de la iniciativa.

¿También habrá publicidad y encuestas?

Sí. La misma norma señala que en este caso aplicarán las mismas reglas sobre publicidad, encuestas, escrutinios y reclamaciones que las de otros comicios.

¿La campaña será financiada por el Estado?

No. “Esta es una campaña netamente ciudadana, acá no hay respaldo económico, ni anticipos públicos, ni reposición de votos, sencillamente es el resultado del trabajo de los ciudadanos”, explicó Angélica Lozano.

¿Quién podrá hacer pedagogía sobre el mecanismo de participación?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, y las administraciones departamentales, distritales y municipales podrán diseñar y promover estrategias y acciones pedagógicas frene a la participación en la consulta popular y que permitan a la ciudadanía conocer y tener información sobre el trámite y contenido de esta iniciativa. 

¿Cuáles son los siete mandatos?

Reducir el sueldo de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos. Los altos funcionarios del Estado también tendrán un tope máximo de 25 salarios.

Cárcel para los corruptos y prohibición de volver a contratar con el Estado a todos aquellos que sean condenados por corrupción o delitos contra la administración pública, sin posibilidades de reclusión especial.

Establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables, y la contratación a dedo.

Obligación de definir los presupuestos públicos tanto de la Nación, como de los departamentos y municipios, con la participación de la ciudadanía.

Obligar a los congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, entre otros datos sobre su desempeño.

Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.

Establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular.