La pandemia del coronavirus está atacando sin piedad a Raimundo y todo el mundo, como se dice popularmente. Tiene azotado a los políticos y en el caso colombiano parece que es lo único que los asusta y aculilla. Hemos sabido que muchos están invocando a todos los santos para que esta pesadilla termine pronto.
Un nuevo año electoral como el que se viene, cargando alcohol, jabones y antibacteriales, es lo que se presagia. Nada de promesas ni tanta cháchara. Amanecerá… Y a los enfermos, que se recuperen pronto y a seguir cuidándose…
Aglomeración en billares
En varios sectores de Cúcuta, especialmente en Atalaya y La Libertad, vienen funcionando a toda hora salones de billar y restaurantes, donde se aglomeran grupos de personas, muchas sin tapabocas y sin tener para nada en cuenta los llamados protocolos de bioseguridad. La comunidad denuncia esta situación a las autoridades policiales, pero nada pasa. ¿Por qué será?
Lamentos
A raíz de la aprobación por el Concejo del Plan de Desarrollo de Cúcuta, el exalcalde de El Zulia, Luis Alberto Gómez, nos hizo llegar el siguiente comentario: “Lamento que el Plan de Desarrollo Cúcuta 2050 Estrategia de todos no incluyó la construcción del viaducto de cuatro carriles sobre el río Zulia y la segunda calzada del anillo vial occidental, integrar equidad y competitividad metropolitana”.
De nuevo en la palestra
Esta semana volvió a ser noticia Jensy Miranda Dávila, a quien según informe de la Interpol le fueron incautadas propiedades en la región por valor de 70 mil millones de pesos. Sin embargo este extraño “empresario” oriundo de Tarapacá, Amazonas no pareciera haber sido acusado y condenado en Colombia por narcotráfico, supuesto origen de su fortuna, por lo que sí fue condenado en España en mayo de 2010, país que solicitó su extradición a Colombia, la cual fue concedida a finales del mismo año.
Miranda era propietario de varias empresas entre ellas Norlácteos, la constructora Valle Hermoso, socio del Cúcuta Deportivo, miembro de la junta directiva del Club Cazadores y contratista del departamento y el municipio en los programas de alimentación escolar y obras públicas. La cosas que se ven.
Y del Cúcuta Deportivo, ¿qué?
¿Qué va a pasar con el Cúcuta Deportivo? ¿Será que la crisis que afronta la Dimayor tendrá efecto o impacto en el otrora doblemente glorioso? ¿La liquidación del equipo es la salida adecuada? En tiempos del coronavirus todo puede suceder…
La mano del Morocho
Amigos políticos cercanos al alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, no ocultan su preocupación por el desenlace que pueda tener el proceso en su contra que se adelanta en el Tribunal Superior de Norte de Santander. Ya se le negó la solicitud de la nulidad procesal que presentaron sus abogados. De buena fuente supimos que detrás de todo este rollo está metida la mano del exalcalde del Municipio Histórico, Carlos Julio Socha… Aquí no se podría hablar propiamente de “mano negra”, sino de “mano morocha…”.
Secretario de Salud en propiedad
El concejal Oliverio Castellanos le pidió al alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, la pronta designación de un secretario municipal de salud en propiedad, dada la grave situación de calamidad pública que estamos enfrentando por culpa de la pandemia. Le solicitó la convocatoria de una mesa científica de emergencia, conformada principalmente por profesionales, especialistas y trabajadores.
La petición está contenida en una proposición aprobada por el Concejo, de la autoría de Castellanos, que suscribieron también los munícipes Jorge Enrique Acevedo Peñalosa y Alejandro Castellanos, contagiados por la COVID – 19; Albert Casadiego, Edinson Contreras, Jair Antonio Díaz, Edwin Duarte Gómez, Carlos Alicastro, Nelson Ovalles, Álvaro Raad Forero y Carime Yaneth Rodríguez.
Centro de Innovación y Productividad
El pasado jueves, la Universidad Francisco de Paula Santander entregó al gobernador Silvano Serrano los estudios y diseños del Centro de Innovación y Productividad del Departamento, una de las propuestas hechas en su campaña para la promoción y el desarrollo de la zona de frontera. En esta nueva entidad tendrán asiento representantes del empresariado, la academia e importantes sectores de la comunidad para estructurar y definir iniciativas y proyectos en diferentes frentes. Y para ir sentando las bases y preparando a la región para la llamada pos pandemia.
De no te lo puedo creer
Cuesta mucho trabajo creer y aceptar que en un país tan leguleyo como Colombia, la Corte tumbe un decreto de emergencia porque a dos ministros se les olvido firmarlos. En nuestro país se pierde mucho tiempo y a veces dinero firmando papeles y mostrando la cédula. Todos los ministerios y las entidades públicas tienen departamentos y equipos jurídicos con funcionarios y asesores asignados exclusivamente para la proyección y revisión de decretos, resoluciones, directivas, y demás providencias o medidas que se deben expedir. ¿Qué pasaría aquí?
Tutelas y más tutelas
Entre enero y marzo de este año abatido por la pandemia, la Corte Constitucional recibió para revisión 106.647 tutelas por parte de personas que de alguna manera sintieron o consideraron vulnerados sus derechos fundamentales. Bogotá encabeza la lista de ciudades donde más se revisaron tutelas (22.321 casos). Le siguieron Medellín (12.306 casos): Cali (6.063); Bucaramanga (3.324), y Cúcuta con 3.140 acciones de tutelas presentadas entre enero y mayo del presente año, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
El derecho más vulnerado
Y hablando de tutelas, el derecho a la salud es uno de lo más vulnerados en Colombia. Como en la canción de Héctor Lavoe, es noticia trasnochada de un periódico de ayer, pero no por ello deja de ser trascendente. Esta situación calamitosa que sufrimos desde hace muchos años – a partir de la llamada Ley 100 – ha quedado expuesta en toda su infinita dimensión con los estragos de la pandemia del coronavirus. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, cada 34 segundos, en Colombia un ciudadano interpone una acción de tutela reclamando el derecho a la salud.
El informe consigna que a los enfermos de cáncer no les autorizan quimioterapias, radioterapias o medicamentos. “Por eso los ciudadanos que no son atendidos de manera adecuada instauraron 207.368 acciones de tutela. No hay derecho. Es perverso que se obligue a los ciudadanos de Colombia, a reclamar por tutelas en la atención médica que todos los colombianos deberíamos recibir. Las entidades que tienen que dar el servicio, deben sentir vergüenza cuando no brindan la atención toda vez que es una obligación legal”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Estado débil e incompetente
El Estado tiene una baja capacidad para inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del sistema general y los regímenes especiales de salud. En todas las regiones del país se vulnera y destroza este derecho. Según la Defensoría del Pueblo, de los 1.122 municipios del país, en 1.032 se presentan toda suerte de violaciones y tropelías contra los enfermos. El informe de la Defensoría advierte también que “el incumplimiento de las garantías y de la materialización efectiva y sostenible del derecho a la salud genera morbilidad, mortalidad y discapacidad, eventos que podrían ser evitables”.
Recursos sin ejecutar en el Inpec
Una auditoría financiera hecha por la Contraloría General de la República a la vigencia 2019 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), reveló que esa entidad dejó sin ejecutar 44.922 millones de pesos del total de su apropiación presupuestal para el rubro de inversión (285.035 millones de pesos). Solo comprometió 240.112 millones de pesos.
De los recursos no ejecutados, 28.909 millones de pesos estaban programados para servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones. Y 14.720 millones de pesos para infraestructura penitenciaria y carcelaria. No ejecutar los recursos y presupuestos en las entidades públicas es otra forma de corrupción.
La Ñapa
De Mario Benedetti: “Cuando tengo preocupaciones, miedos o una historia de amor, tengo la suerte de ser capaz de transformarlo en un poema”.
