Si bien la Constitución de 1991 le abrió espacio a muchos escenarios de participación para que la ciudadanía pudiera hacer valer sus derechos y manifestara sus reparos frente a las decisiones de sus representantes, 25 años después estos no han tenido el alcance que se esperaba.

Mecanismos como la revocatoria del mandato, los cabildos abiertos y hasta el plebiscito, que apenas en unos cuantos días el país experimentará por segunda vez una votación de este tipo, no han tenido el peso suficiente como herramienta para el fortalecimiento de la democracia en Colombia.

En vista de ello, a mediados de 2015, una nueva ley estatutaria se abrió camino en el país, con el fin de “promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político”.

Se trata de la Ley 1757, que fue concebida con el objetivo de suplir esas “carencias y ausencias” de los mecanismos de participación y establecer un sistema mucho más integral, bajo el entendido de que es necesario generar múltiples formas de intervención de la ciudadanía, a través de canales formales y diversas instancias que la ley reconoce.

“La discusión para generar una ley nueva que se abrió hace casi cuatro años, se hizo para superar esas dificultades y tuvo de interesante que fue un proceso donde hubo participación de sectores sociales organizados, oenegés, y Foro estuvo muy activo, para ampliar esos canales y esos mecanismos de participación ciudadana y renovar esa fuerza y la importancia de los mismos”, manifestó María Teresa Muñoz, representante de la fundación Foro Nacional por Colombia, que trabaja con el Ministerio del Interior.

Con el propósito de dar a conocer los alcances de esta nueva normatividad y facilitar su comprensión, conocimiento y el uso de los mecanismos de participación dispuestos en ella, esta semana tuvo lugar en Cúcuta, un taller en el que participaron funcionarios, medios de comunicación, organizaciones sociales e instancias de participación, además de representantes de los gremios del sector privado.

“Es importante que la ciudadanía se apropie de esta ley, que la conozca y que pueda ejercer su derecho a la participación”, consideró Muñoz.

La funcionaria explicó que con esta nueva ley lo que se pretende es que haya mucho más diálogo, concertación y, lo más importante, es que en ella se articula todo lo relacionado con el control social y la rendición de cuentas.

“Es decir que, la vigilancia de la ciudadanía a la gestión pública es uno de los elementos centrales de la participación ciudadana y que genera espacios de diálogo para la rendición de cuentas. En ese sentido, se crea mucha más responsabilidad de las autoridades a responder y hay más posibilidades de ejercer ese derecho”, sostuvo.