El proyecto de reforma que busca establecer en Colombia la doble instancia para los aforados, distintos al presidente de la República, pasó esta semana el primero de los ocho debates que debe cumplir en el Congreso, para ser una realidad.

Con el apoyo de las mayorías, la iniciativa radicada hace dos semanas por el Gobierno, las altas cortes y el propio Legislativo, empezó a abrirse camino, después de varios intentos fallidos y de un duro debate que, con seguridad, se seguirá dando en su recorrido por el Senado y la Cámara de Representantes.

Para el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la consagración de la doble instancia para aforados no supone abrir una compuerta a la impunidad, sino más bien, garantizar un derecho que de no respetarse podría ser reconquistado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Es una necesidad muy sentida en Colombia, pues es un derecho universal que implica una afectación al debido proceso y al principio de igualdad. En el ordenamiento internacional, nuestro país está en una situación de déficit. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra esa doble instancia. Por ello, la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano pueden obligar al Estado colombiano a implementarla”, aseguró el funcionario.

Días atrás, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, también había defendido la propuesta, al advertir que este es un acto de justicia y no de prebendas para los altos funcionarios del Estado.

“No habrá proyecto más garantista que el que hoy le estamos entregando al país con el trabajo de las tres ramas y quiero advertir que no puede en Colombia existir ciudadanos que puedan ser juzgados y procesados en única instancia”, señaló el magistrado, al radicar el proyecto ante el Congreso.

De ser aprobada la reforma, para los congresistas se modifica la conformación de las Salas de Juzgamiento y Resolución, de tal forma que el proceso surtirá una primera instancia en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y una segunda instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, competencias jerarquizadas que garantizarán los derechos de los investigados.

La doble instancia beneficiaría también a gobernadores, ministros y otros altos funcionarios.