Si bien el cese de tres meses que fue posible entre la Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional permitió reducir de manera significativa la violencia en departamentos como Arauca, Norte de Santander y otros en donde el grupo armado tiene una fuerte presencia, distintos sectores coinciden en que en una eventual prórroga, la tregua debe ser mucho más robusta.
Uno de esos aspectos que los analistas consideran que debe fortalecerse mucho más, para lograr una mayor efectividad, es el mecanismo de verificación que conformaron la ONU y la Iglesia católica.
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“Este cese como está tiene muchas falencias, no tiene unas reglas claras, no son públicas”, consideró el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo.
Para el analista, en adelante, las partes deberían concentrarse en la posibilidad de lograr más que una nueva tregua, un acuerdo de desescalamiento del conflicto, el cual pueda contar con su respectiva verificación.
El lunes, la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU invitaron al Gobierno y al Eln a preservar los logros obtenidos durante el cese sostenido desde el primero de octubre de 2017 y que se constituyó en el primero en más de medio siglo de confrontación.
Para los miembros de la Iglesia católica y el organismo internacional, este acuerdo permitió registrar una reducción significativa en materia de violencia en el territorio nacional.
Sin embargo, coincidieron en que el país necesita un cese al fuego “más robusto” y que genere confianza, no solo entre las partes sino también en la población civil.
Durante la tregua de tres meses, ambas partes se acusaron de mutuos incumplimientos. El Eln fue señalado, por ejemplo, de violar el acuerdo al asesinar a un gobernador indígena, un hecho por el que esa organización pidió perdón.
A la Fuerza Pública, entre tanto, la responsabilizaron de la muerte de siete campesinos cocaleros, en Tumaco.
Resumen de agencias
