El 13 de marzo de 1988 Colombia eligió por primera vez, mediante voto popular, a sus alcaldes, gracias a una reforma a la Constitución de 1886 que para muchos fue interpretada como una de las victorias políticas más importantes de la sociedad.

Hasta aquella época, los mandatarios municipales eran designados por el gobernador, quien a su vez era escogido por el presidente de la República.

Tras la reforma aprobada durante la administración de Belisario Betancur, un total de 1.009 mandatarios locales fueron elegidos en sus  respectivos municipios para un periodo de dos años, que con el paso del tiempo se fue ampliando hasta llegar a los cuatro.

Y si bien han sido muchos los avances que se lograron a partir de este cambio, en materia de  autonomía territorial, fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana, también es cierto que los alcaldes se han convertido en unos de los funcionarios más investigados y sancionados por organismos de control como la Procuraduría General de la Nación.

Según datos del Ministerio Público, en las últimas tres décadas, esa entidad ha sancionado a 7.130 gobernantes locales, lo que para ellos representa un promedio de 20 decisiones disciplinarias por mes y 713 por periodo de gobierno. En Colombia hay 1.102 alcaldes, lo que indica que un 65% de los elegidos son sancionados en  esos cuatro años.

De las 10 elecciones de alcaldes  que se han celebrado hasta el momento, un total de 1.100 mandatarios no pudieron terminar sus administraciones  al ser castigados disciplinariamente con la destitución. 

A algunos, sin embargo, esta decisión les llegó después de que ya habían terminado su mandato.

Según la Procuraduría, otros 2.500 servidores fueron suspendidos de manera temporal, como resultado de las investigaciones que se adelantaron en su contra por actuaciones indebidas en el desarrollo de su función pública.

El viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González, explicó que los temas en los que es necesario hacer un mayor acompañamiento y vigilancia por parte de la Procuraduría son: infraestructura y construcción de vías.

“En el último año se ha hecho seguimiento en contratos por cerca de 800 mil millones de pesos. Este trabajo ha estado acompañado con la vigilancia preventiva en 3.500 casos”, dijo.

Un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) conocido esta semana, también dio cuenta de que de los 679 dirigentes políticos condenados entre 1991 y 2017 por corrupción, el 65% eran alcaldes.

Los hechos de corrupción se concentraron en cuatro campos: infraestructura física, la prestación y ejecución de servicios, subsidios o transferencias y gastos de personal.

La mala hora de los alcaldes en Norte

A propósito de las sanciones que se han proferido en estos 30 de la elección de alcaldes, Norte de Santander no ha escapado a esa realidad y muestra de ello es que en el actual periodo ya son tres los mandatarios que han enfrentado serios problemas.

El caso más grave fue el de la exalcaldesa de Sardinata, Yamile Rangel Calderón, quien apenas pudo gobernar durante seis meses, pues en junio de 2016 fue detenida, en el marco de una investigación penal  por celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

En mayo del año pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta confirmó una condena en su contra de cinco años y tres meses de prisión, que cumple en su residencia.

En vista de esta situación, los sardinatenses tuvieron que salir nuevamente el año pasado a elegir a otro alcalde para lo que restaba del periodo.

En jaque se encuentran también los alcaldes de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, y Pamplona, Ronald Contreras (detenido y suspendido), igualmente, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.

Además de los procesos penales que afrontan, contra ambos cursan también investigaciones en la Procuraduría y los dos han tenido que hacerle frente a revocatorias del mandato. La de Pamplona está pendiente por definir la fecha de realización.

En el caso de la mandataria de Ocaña, en julio pasado, la Procuraduría Provincial de Ocaña profirió un fallo que la destituye e inhabilita por 10 años, por un presunto conflicto de intereses, pero la decisión fue apelada.

En el resto del departamento, la mayoría de los 40 alcaldes tiene procesos pendientes en distintas dependencias de la Procuraduría y buena parte de las quejas se encuentran en etapa de investigación disciplinaria, según el Sistema de Información Misional de la entidad.