Desde hace 19 meses, el abogado Jorge Alberto Villamizar se desempeña como jefe de la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander. Durante su paso por esta entidad y alejado ya de los ajetreos de la política, en la cual se le vio inmerso varios años atrás, el funcionario del Ministerio Público ha tenido que hacerle frente a grandes retos, como la llegada masiva de venezolanos y colombianos residentes en Venezuela que decidieron retornar ante las difíciles condiciones que se presentan en el vecino país. El grave hacinamiento que presenta la cárcel de Cúcuta, la compleja dinámica de la violencia en el departamento, a pesar del acuerdo de paz, y la lucha constante por la defensa de los derechos humanos de los cucuteños y nortesantandereanos, han sido otras de las causas que ha tenido que liderar Villamizar. Sobre el trabajo desarrollado en los últimos meses al frente de la Defensoría Regional y su percepción del departamento, habló el titular de la entidad en esta región.

 

¿Qué fue lo más destacado de su gestión en la Defensoría del Pueblo, en 2017?

 

La gestión hecha en articulación con la Regional Ocaña y la Diócesis de Tibú, en acompañamiento y misión humanitaria, durante la liberación de los dos periodistas holandeses, secuestrados por el Eln. También logramos una incidencia en las comunidades y autoridades, en referencia a la inclusión de Sardinata en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito. Acompañamos, como garantes de derechos, las manifestaciones en el paro nacional agrario y el paro campesino. Hicimos acompañamiento a las víctimas y mejoramos nuestros horarios de atención para brindar un mejor servicio.

 

¿Y frente al éxodo de venezolanos, ¿qué hizo la entidad?

 

Adelantamos labores de acompañamiento, monitoreo, asesoría y acciones encaminadas a atender la llegada de ciudadanos venezolanos en temas de doble registro, regulación de nacionalidad y jornadas de registro articuladas con la Registraduría.

 

¿Durante el tiempo que usted lleva a cargo de la Defensoría, ¿cuáles son las principales solicitudes a las que ha tenido que hacerle frente?

 

El mayor motivo de uso de los servicios defensoriales es  la solicitud de asignación de defensores públicos para su representación judicial, seguido de la presentación de quejas y solicitudes de acompañamiento y acciones judiciales en temas de salud, mejoramiento de condiciones de la población carcelaria, asesoría y atención jurídica a población víctima del conflicto armado y derechos de ciudadanos extranjeros en territorio nacional.

 

¿Qué percepción tiene hoy sobre los grupos armados en Norte de Santander?

 

Se encuentran en proceso de crecimiento y fortalecimiento al ocupar los territorios dejados por las Farc, ya que están dominando zonas con presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal, contrabando y otras economías que les sirven como medio de financiación para sus acciones.

 

Entonces, ¿qué cree que ha representado para el departamento el acuerdo de paz con las Farc?

 

Se ha presentado un notorio desmonte de las cifras de hostigamiento a estaciones de policía y municipios. Sin embargo, los grupos armados de derecha e izquierda ocuparon los territorios dejados por las Farc, generando una nueva dinámica del conflicto afectando a la población civil y la gobernabilidad en estos territorios.

 

Para la Defensoría, ¿hay avances en la erradicación de los cultivos de coca y su sustitución por nuevos productos que les mejoren las condiciones de vida a los campesinos?

 

Aún no se ha implementado en su totalidad la sustitución voluntaria de los cultivos por la demora en la articulación de las diferentes agencias involucradas.  Igualmente,  las comunidades se encuentran en procesos de estudios de suelos, usos de aguas y estudios de mercadeo de posibles productos que se adapten a las condiciones de la región. 

 

¿Le preocupan las demoras?

 

Llamamos la atención al Gobierno Nacional para que se cumplan a cabalidad con los acuerdos y así  no  tener,  en poco tiempo, nuevamente el cultivo de la coca en nuestra región.

 

A propósito del Catatumbo, además del tema de los cultivos ilícitos, ¿qué diagnóstico tiene de esta zona?

 

Es una zona compleja en la que el Estado, durante muchos años, no ha hecho presencia integral. Esto ha sido aprovechado por los grupos armados y narcotraficantes, para generar una industria cocalera que afecta la vida del pueblo indígena Barí, colonos y pobladores en general. Aunado a esto, están los intereses de multinacionales en temas de agroindustria y extracción de recursos minero-energéticos.

 

En materia de derechos humanos, ¿cómo ve al departamento?

 

Históricamente, Norte de Santander ha sido una región reconocida por la violación de derechos humanos. En los últimos años se ha visto una leve mejoría en esta materia. Sin embargo, la falta de efectividad en las acciones integrales del Estado, su misma ubicación geográfica, lo convierten en una ruta estratégica para las estructuras criminales organizadas las cuales ejercen presión y dominio en esta zona.

 

¿Y cómo está la situación carcelaria?

 

En la actualidad es crítica. El centro carcelario de Cúcuta registra un hacinamiento que llega hoy al 60 por ciento. En una cárcel con capacidad para 2.530 internos, hoy se albergan a 2.408 condenados, 1.215 sindicados, lo cual suma 3.623 internos.  Eso sin contar con los más de 200 internos que se encuentran en las estaciones de policía y los CAI ( estadísticas dadas por el sindicato del Inpec), los cuales no cuentan con las condiciones  adecuadas para la detención de personas, lo que se constituye en una violación de los derechos humanos a los detenidos.

 

¿Qué ha hecho la Defensoría frente a esta situación?

 

La Defensoría Regional del Pueblo expuso este panorama durante la sesión especial de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que tuvo lugar en agosto pasado, en Cúcuta. A la fecha, los sindicatos del Inpec reactivaron la aplicación del ‘Plan Reglamento’, que consiste en no recibir más reclusos en el centro penitenciario, ya que las administraciones municipales no han cumplido con su obligación legal de garantizar los derechos de los internos.

 

¿Tiene la Defensoría, regionalmente, las condiciones para atender todos los asuntos de su competencia?

 

Es un trabajo arduo y de compromiso el que desempeñan los funcionarios que conforman las diferentes delegadas de nuestra Defensoría ante las problemáticas presentadas en nuestra región, pero infortunadamente no contamos aún con el suficiente recurso humano para hacer una mayor incidencia ante la magnitud de necesidades que se presentan en nuestro departamento. Igualmente, desearíamos contar con  más recursos físicos de infraestructura  y tecnológicos para complementar la gestión realizada por nuestro personal y de esta manera lograr una mayor cobertura y acompañamiento a las comunidades de difícil acceso.

 

¿Qué importancia le asigna al trabajo de los defensores?

 

Los defensores regionales velan, promueven y ejercen acciones en pro de los derechos humanos, en especial de las comunidades más vulnerables, siendo Norte de Santander una zona muy afectada por la violencia. Gracias a la gestión, direccionamiento y confianza otorgados por el defensor nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hemos podido contar con los recursos para desarrollar acciones efectivas en cumplimiento de nuestra función misional.